Bajo un cálculo casi quirúrgico, el presidente Gustavo Petro ha puesto en marcha una de las estrategias más audaces de su mandato: una consulta popular que, más allá de su contenido, representa un movimiento de alto voltaje político destinado a arrinconar a la oposición.
Sectores como el Centro Democrático, Cambio Radical, parte del Partido Liberal y la bancada conservadora ya han cerrado filas para oponerse a la iniciativa de Petro, anticipando un escenario de confrontación directa.
Lo que está claro es que esta consulta se perfila como la principal herramienta del Gobierno para abrir el ciclo electoral de 2026. Con ella, el Ejecutivo busca trasladar al terreno de los ciudadano una decisión que va más allá de lo jurídico: se trata de modificar el actual sistema laboral obsoleto que posee la cifra escandalosa del 56% de la capacidad de trabajo en la informalidad.
El espectro político se ha vuelto a tensionar y la polarización alcanza nuevamente niveles extremos, en un país donde los consensos parecen cada vez más lejanos.
La apuesta está hecha. El Gobierno habla de participación ciudadana, mientras la oposición acusa Petro de una maniobra populista y desesperada. En cualquier caso, Petro encontró en bandeja de plata la excusa perfecta que le brindaron los senadores de la Comisión Séptima del Senado para adelantar el pulso político, donde el presidente es mago llenando plazas y movilizando más del 35% de los electores del país que pondrían a su fuerza política en una hipotética segunda vuelta en el 2026.
¿Fue torpeza política o cálculo deliberado frenar la reforma laboral en la comisión séptima ?
El error cometido por los senadores que votaron a favor del archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima le permitió al Gobierno Nacional, la oportunidad de reabrir el debate sobre el sistema laboral colombiano, que para algunos economistas, como Joseph Stiglitz, requiere transformaciones profundas dado que el mercado laboral enfrenta tres desafíos estructurales: altos niveles de informalidad, significativas brechas salariales entre ocupaciones como las existentes entre trabajadores no calificados y ejecutivos, y profundas desigualdades entre sectores económicos y tipos de empresas.
Para la senadora Angélica Lozano, del Partido Verde, la Comisión Séptima del Senado cometió un error al archivar la reforma laboral sin permitir un debate político serio respaldado por informes técnicos, como los del Banco de la República. En sus palabras: «Yo sí creo que la Comisión Séptima se equivocó, tenía que haber aprobado los derechos y garantías y medidas de protección laboral acordes a este siglo” Sin embargo, lo cierto es que el archivo de la reforma terminó reactivando a las fuerzas progresistas del país.
El tema dejó de ser un debate técnico para convertirse en un asunto de plazas públicas, disputas ideológicas y ahora, de consulta popular.
¿La reforma laboral de Uribe en 2002 benefició a los empresarios a costa del trabajador colombiano?
Es importante mencionar que durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, la Ley 789 de 2002 estableció que la jornada nocturna iniciara a las 10:00 pm. Es decir, al expresidente, le anochecía a las diez de la noche y no a las seis de la tarde.
Curioso, ¿no? Lo crucial es que, al reducir los recargos nocturnos y dominicales a favor de las grandes empresas, Uribe defendía la teoría de que, a menor carga del funcionamiento empresarial, mayor sería la oferta laboral en el país. Teoría que se cayó en su peso específico, porque la tasa de desempleo para el año siguiente (2003) alcanzaría la cifra del 12,94%. Pero la situación no termina ahí.
La reforma al Código Sustantivo del Trabajo impulsada por Uribe no solo amplió las jornadas, sino que también redujo primas y remuneraciones.
La jornada laboral define el tiempo en que un trabajador debe cumplir con sus funciones a cambio de una remuneración. Esta puede desarrollarse en horario diurno o nocturno, y esa diferencia incide directamente en el salario que recibe el empleado. El trabajo nocturno, por ley, debe ser remunerado con un recargo del 35 % sobre el valor de la hora diurna. Actualmente, una hora ordinaria de trabajo de lunes a sábado equivale a 4.833 pesos. En consecuencia, una hora laborada en horario nocturno se paga a 6.525 pesos. A esto se suman las horas extras, que también varían según el momento en que se realicen: si se trabajan en el día, deben tener un recargo del 25 % sobre la tarifa ordinaria; si se hacen en la noche, el recargo sube al 75 %.
Sin embargo, estas cifras revelan más que simples porcentajes: muestran una realidad laboral profundamente marcada por las condiciones horarias, en un país donde miles de trabajadores, especialmente en sectores informales, no acceden a estos derechos o los ven recortados por reformas como la de 2002, que redujo recargos dominicales y flexibilizó el tiempo de trabajo en favor de las empresas. La Ley 789 de 2002 modificó los recargos dominicales y festivos, así como las condiciones del contrato de aprendizaje. Uno de los cambios más significativos fue la disminución del recargo por trabajo en domingos y festivos, que pasó del 100 % al 75 %, afectando directamente el ingreso y el poder adquisitivo de los trabajadores del país.
Trámite general de una consulta popular desde el Congreso.
Una vez radicada la propuesta de consulta popular, el Senado tendrá un plazo de 30 días para debatirla y someterla a votación. Para su aprobación, se requiere mayoría absoluta: al menos 53 votos a favor.
Sin embargo, si el Congreso no se pronuncia dentro del tiempo establecido, el Gobierno quedaría habilitado para convocar directamente a las urnas, incluso sin el visto bueno del Senado. Este escenario plantea un evidente pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para el presidente Gustavo Petro, la consulta no es solo un recurso democrático, sino una jugada estratégica: o el Congreso respalda el debate laboral ante la opinión pública, o el Gobierno se lanza por la vía directa, apelando a las calles y al voto ciudadano. El mensaje es claro: si el Congreso no legisla, el pueblo decidirá.
Para la oposición, en cambio, esta posibilidad representa un salto institucional que podría instrumentalizar la participación ciudadana con fines electorales.
En los pasillos del Senado de la República se comenta que las cuentas para la aprobación de la consulta están ajustadas. El Gobierno hace cálculos, suma y resta apoyos, pero la estrategia de Petro se centra en asegurar los votos del Partido Verde y el respaldo de algunos senadores del Partido de la U. Los estrategas del petrismo, sin embargo, descartan el apoyo del senador Juan Carlos Garcés, un duro crítico del Gobierno nacional. De los siete que quedan, solo uno está fijo por el Sí: Antonio Correa, ya en modo campaña. Si él se mueve, puede arrastrar al resto, los senadores : Vidal, Besaile, Chagui, Name y Gnecco, cuyo voto dependerá de cuán rentable les ha salido tener a Julián Molina en MinTIC, la cuota de La U que Petro les entregó. La ficha clave en La U para Petro es Norma Hurtado. Aunque ayudó a hundir la reforma laboral en Comisión, intentó salvarla con una ponencia propia.
Su voto en plenaria no está amarrado, y la jugada estará en manejar con pinzas su ánimo electoral en las próximas semanas. Quedan los liberales: 14 en total, contando a Lorena Ríos. Tres ya dijeron No Pinto, Gómez y Gallo, del ala gavirista y Ríos viene de archivar en Comisión. Al Gobierno le quedan unos siete pescables, los que ya lo han respaldado en reformas duras. García, Espinosa y Chacón siguen en modo enigma.
En términos generales, el Gobierno nacional cuenta con 47 votos: 24 del Pacto y Comunes, 1 indígena, 6 del Verde, 7 liberales, 6 de La U y 3 conservadores. Sin embargo, no todos son votos fijos. Los del Pacto y Comunes son los más seguros, pero los liberales, verdes y de La U están en constante negociación. Los conservadores son un bloque indescifrable, con varios aún jugando a dos bandas.
La clave está en cómo los negociadores manejen las tensiones internas y las presiones electorales en las próximas semanas.
La oposición al Gobierno cuenta con 47 votos decididos en contra de la consulta. El empate entre Gobierno y oposición está planteado, y la clave radica en los 11 votos indecisos, que aún no han definido su postura. Estos votos serán cruciales, ya que la consulta representa el primer pulso electoral entre el Gobierno y la oposición de cara a las elecciones de 2026.
Autor : Cristian Rivas
Analista político, congreso, concejo
