El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional expidieron la Resolución 01319 de 2026, el primer manual que regula de manera específica el uso de armas de fuego por parte de los uniformados en Colombia, estableciendo nuevas condiciones, límites y protocolos para el empleo de la fuerza letal durante los procedimientos policiales.
La medida comenzó a generar debate en distintos sectores del país debido a que la nueva reglamentación deja claro que los policías no podrán disparar únicamente para proteger bienes materiales, incluso en casos de hurto, si no existe una amenaza real contra la vida o integridad de una persona.
Según el documento oficial, el uso del arma de fuego será considerado un último recurso y solo podrá aplicarse frente a un peligro actual, inminente y grave, cuando otros mecanismos menos letales no resulten suficientes para controlar la situación.
Entre los principales puntos de la nueva norma se encuentran:
El arma de fuego solo podrá utilizarse cuando exista riesgo real para la vida o integridad de personas.
No se podrá disparar únicamente para impedir el robo o recuperación de bienes materiales si la vida no está en peligro.
Antes de disparar, el uniformado deberá identificarse como policía y advertir su intención, salvo que hacerlo aumente el riesgo para las víctimas o para el mismo funcionario.
El uso de la fuerza deberá aplicarse bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad.
Los policías estarán obligados a agotar previamente medios preventivos, disuasivos o menos letales antes de usar armas de fuego.
Queda prohibido el uso de munición letal durante protestas pacíficas o manifestaciones sociales legítimas.
Cada uniformado responderá individualmente por el uso indebido del arma y no podrá justificar actuaciones ilegales argumentando órdenes superiores.
Después de un disparo, el policía deberá garantizar atención médica inmediata a las personas heridas y reportar detalladamente el procedimiento realizado.
Solo podrán utilizarse armas oficiales autorizadas institucionalmente y bajo protocolos establecidos.
Todos los procedimientos deberán quedar documentados y sujetos a revisión disciplinaria, administrativa y judicial.
El Gobierno Nacional aseguró que el nuevo manual busca modernizar los protocolos policiales, fortalecer el respeto por los derechos humanos y ajustar el uso de la fuerza a estándares internacionales.
