El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, lanzó un llamado directo al Instituto Financiero de Casanare para que adelante una revisión “rigurosa y responsable, caso por caso” de los créditos educativos, en medio de la controversia por cobros a deudas antiguas y procesos de embargo que hoy generan incertidumbre jurídica en el departamento.
El pronunciamiento del mandatario se da tras múltiples cuestionamientos sobre obligaciones que, según beneficiarios y análisis jurídicos, podrían estar prescritas, especialmente aquellas derivadas del antiguo convenio con ICETEX, cuya liquidación dejó vacíos en los procesos de cobro.
Zorro fue enfático en que la revisión debe permitir establecer con claridad cuáles deudas siguen vigentes y cuáles no son legalmente exigibles, evitando así afectaciones tanto a los ciudadanos como a las finanzas públicas. “No se trata de fomentar el no pago, sino de actuar con responsabilidad y justicia”, ha reiterado.
El escenario se ha tornado más complejo debido a decisiones judiciales contradictorias: mientras en la jurisdicción administrativa se han negado mandamientos de pago por falta de viabilidad jurídica, en algunos despachos civiles se han ordenado embargos que posteriormente han tenido que ser reversados, con levantamiento de medidas cautelares y devolución de dineros.
Esta situación no solo impacta a los deudores, sino que también podría representar un riesgo para el erario, ya que en varios casos el IFC ha sido condenado en costas, obligándolo a asumir gastos legales sin lograr recuperar la cartera.
A esto se suma el uso del cobro coactivo, mecanismo mediante el cual se han ejecutado embargos sobre cuentas, ingresos y bienes, incluso en procesos donde el monto de la deuda sería inferior o estaría en discusión jurídica, lo que ha incrementado las críticas frente a la estrategia de recaudo de la entidad.
Frente a este panorama, el gobernador también destacó que existen alternativas de alivio para quienes tienen créditos vigentes o en mora. Entre ellas, el descuento del 100% de los intereses corrientes y de mora, la posibilidad de diferir el pago del capital y las opciones de condonación contempladas en el acuerdo 07 de 2024 del FESCA, que permite a los beneficiarios presentar o actualizar documentación para acceder a estos beneficios.
Finalmente, Ortiz Zorro insistió en que los recursos recuperados son clave para garantizar el acceso de nuevas generaciones a la educación superior, pero subrayó que cualquier proceso debe estar plenamente ajustado a la ley.
La revisión integral de los créditos, ahora en manos del IFC y bajo la lupa de la justicia, será determinante para esclarecer el futuro de miles de obligaciones y definir si los procesos de cobro deben continuar o ser suspendidos definitivamente.
