Por Jorge Duke Suárez
Al menos 10 informes de voces autorizadas revelan con preocupación que -por lo menos- el 33% del país está sitiado por los grupos armados ilegales, y su poderío se expande especialmente donde el Estado no tiene mayor presencia.
La zona de Arauca, Casanare, suroriente de Boyacá y límites entre el Meta, Vichada y Vaupés, se han convertido no solo en el corredor de los fortalecidos grupos alzados en armas, sino también en los lugares de habitación, donde se instalan a sus anchas.
Los criminales arman sus campamentos y prenden la radio para escuchar al ministro de la Defensa Nacional Iván Velásquez diciendo que no atacarán; prenden los noticiarios para ver al comisionado Otty Patiño diciendo que “ahora sí, ya casi van a conseguir la paz” y conectarse al escaso Wifi que agarra en esas zonas para divertirse viendo de los vídeos del presidente Petro cuando en campaña, un 14 de marzo del 2021, le dijo a Vicky Dávila en la Revista Semana “A los tres meses de ser presidente, se acaba el ELN”.
La gente ya no solo perdió la esperanza, sino también retomó el miedo. El pavor nuevamente está cobijando con fiereza la zona de Arauca y Casanare especialmente. Los grupos ilegales están librando una guerra del “todos contra todos” buscando apoderarse del territorio cargándose consigo personas inocentes, como es el caso de Guillermo Robinson Sánchez, asesinado acá cerca en Puerto Rondón.
Durante este negro fin de semana, han cegado la vida en este sector a por lo menos cuatro jóvenes más, entre los que se han podido identificar Iván Tovar Mojica, Daniel Valencia y los otros que no han dado con su identidad. ¿Qué tienen en común? Supuestamente les endilgan ser ayudadores de un grupo guerrillero u otro.
Para la Defensoría del Pueblo, hay mucha preocupación ya que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en 2022 tenía presencia en 253 pueblos, sin embargo, hoy delinque en 392 municipios de 24 departamentos”.
Pero no son los únicos que han crecido, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el 2022 tenía injerencia en 189 municipios, pero durante el 2023 su presencia se extendió a 231 de 19 departamentos.
Para el caso del Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, dos grupos disidentes de las Farc, en 230 poblaciones en el 2022, y al año siguiente pasaron a tener intromisión en 299; el primero en 19 departamentos y el segundo en 15.
Las estructuras del crimen organizado hacían presencia en 141 municipios hace dos años, no obstante, en el 2023 su presencia se amplió a 184 pueblos de 22 departamentos.
El Estado parece ser ser insuficiente para repeler la avanzada criminal, y pareciera que tampoco le importa detener el ataque, y quienes se atreven, sufren el rigor de la guerra, como los jóvenes lastimosamente señalados en los párrafos anteriores.
Y la comunidad con quien se queja, si ya no confía en las instituciones. Hace tan solo un par de días, como director de este medio de comunicación realicé una investigación periodística que vinculaba a algunos agentes del Estado con los grupos al margen de la Ley en el territorio, con el negocio de vehículos y “zonas de tolerancia para su actuar” y fui víctima de presiones indebidas y persecuciones tan fuertes que debí abstenerme de continuar con la investigación.
Esto no es nuevo. Durante los últimos meses he venido recibiendo todo todo tipo de amenazas contra mi vida y contra la integridad de mi familia, pues en la guerra sin cuartel que se vive en esta zona, todo el que esté en contra de esta absurda matanza, tiene dos caminos: u huir o la muerte.
No hay en quien confiar. Las paredes tienen oídos y no hay lugar para huir de quienes están atizando este conflicto que escala a terrorismo, muerte y tortura.
A la colombia profunda solo la puede salvar un golpe de autoridad, pero hoy nos preguntamos: ¿quién manda acá?
