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«El robo más descarado»: Ministro de salud lanza grave denuncia sobre Capresoca

Un fuerte señalamiento sacudió el sector salud en Casanare. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo denunció presuntas irregularidades en la EPS Capresoca y calificó lo ocurrido como “el robo más descarado”, durante una audiencia ante la Corte Constitucional.

Según el jefe de la cartera, en medio de la intervención de la entidad se habrían hecho movimientos contractuales cuestionados, especialmente en el suministro de medicamentos. Uno de los contratos, por cerca de 24.000 millones de pesos, habría sido entregado a una empresa con bajo capital y sin puntos de atención en el departamento.

A esto se suma otro cambio clave: el operador de servicios de salud mental. De acuerdo con el ministro, se habría retirado a un prestador con 15 años de experiencia para adjudicar un contrato cercano a los 20.000 millones de pesos a una firma de Barranquilla con capacidad limitada.

Las decisiones, aseguró, generaron incluso alertas en la región por la llegada de operadores externos y posibles afectaciones en la prestación del servicio.

Sin embargo, el caso tiene otro frente: la agente interventora de Capresoca, Betty Cecilia Anaya, fue designada por el propio Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Salud y actualmente está suspendida por la Procuraduría por tres meses. El ente de control investiga un posible deterioro en la atención, un incremento del 144 % en las quejas de usuarios y dificultades financieras en la EPS.

En medio de la controversia, Jaramillo insistió en que ni el Ministerio ni el presidente tendrían responsabilidad directa en estos hechos y reiteró que serán las autoridades las encargadas de establecer qué ocurrió realmente.

Además, defendió la financiación del sistema de salud frente al debate por la UPC, asegurando que los recursos no son insuficientes, aunque reconoció el creciente endeudamiento de las EPS con hospitales, clínicas y personal médico.

El caso ahora queda en manos de los entes de control, mientras crecen las dudas sobre el manejo de una de las EPS públicas más importantes de Casanare.

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