Dos operativos policiales desarrollados en los departamentos de Casanare y Meta permitieron desarticular una red criminal perteneciente al GAO-r de las disidencias FARC, específicamente del Frente 28 “José María Córdoba”, que buscaba consolidar la reactivación del Frente 56 con apoyo de integrantes del Frente 10 “Guadalupe Salcedo”.
La primera acción se llevó a cabo el 3 de mayo de 2025 en la vereda Buenavista, zona rural de Monterrey (Casanare), donde fueron capturados en flagrancia tres miembros de la red de apoyo al terrorismo del Frente 56. Durante el allanamiento, las autoridades incautaron celulares, cartuchos, un chaleco tipo arnés militar, panfletos alusivos al grupo armado ilegal, y elementos usados para la elaboración de artefactos explosivos.
El segundo operativo ocurrió el 26 de mayo en la vereda El Delirio, en Villavicencio (Meta), donde fueron capturados seis presuntos integrantes del Frente 10, entre ellos alias “Gavilán” o “Pichón”, señalado como el nuevo comandante encargado de retomar el control del Frente 56 bajo órdenes de alias “Pescado”. En este allanamiento se incautaron armas de fuego tipo fusil 5.56 y pistola 9 mm, municiones, radios de comunicación, uniformes camuflados, panfletos y documentos alusivos a la organización armada.
Alias “Gavilán” o “Pichón”tiene un historial criminal que incluye 15 años en el ELN antes de unirse a las disidencias de las FARC. Se le atribuye la planeación y ejecución de al menos 10 hurtos en fincas de Casanare, así como tres procesos judiciales por rebelión, tráfico de armas y fuga de presos.
También fueron capturados alias “Panero”, de nacionalidad venezolana, con tres años al servicio del GAO-r y antecedentes por hurto y porte ilegal de armas; alias “Karla” y “Wendy”, encargadas de contactar a las víctimas por redes sociales para luego facilitar hurtos o secuestros; alias “Anderson”, exmilitar desertor con funciones de logística, inteligencia y transporte de armamento; y alias “Carlos Pelanga”, quien operaba en Monterrey y Tauramena identificando objetivos de extorsión.
Las autoridades señalaron que estos operativos son un golpe contundente contra la criminalidad en la región y hacen parte de una ofensiva institucional sostenida para neutralizar las estructuras armadas que intentan retomar el control territorial en los Llanos Orientales.
