Lo que las autoridades denominaron como una evacuación, terminó convirtiendose en un desalojo a tres familias en una vivienda en el sector de Pajonal, en medio de un aparente exceso de fuerza por parte de la Policía y algunos funcionarios de la alcaldía de Yopal, quienes atendian la diligencias.
La Defensoría del Pueblo desde un inició de la diligencia, señaló que no había garantías de los Derechos Humanos y tampoco un debido proceso frente a la actuación administrativa, pues las familias que residían en la ribera del Río Cravo Sur, radicaron sus carpetas desde el año 2018, para lograr un subsidio de vivienda y a la fecha nada se ha materializado.
El vocero de la Defensoría, Víctor Alexander Alarcón Araque, señaló que sí bien existía un riesgo por permanecer cerca al río, era necesario revisar el proceso, pues se tiene conocimiento de que se están ejecutando las obras de protección del afluente y tiene sentido que debe garantizarse la integridad de las familias, pero si ellos manifestaban no querer salir de sus viviendas y firmaban bajo su libertad quedarse en el lugar podían quedarse, pues no tienen asignado un subsidio de vivienda.
Según las familias desalojadas, el gobierno local, les está violando un derecho fundamental y no les ha cumplido con una ayuda económica de $350 mil pesos mensuales que les habían ofrecido desde hace varios meses. Finalmente el desalojo fue realizado y la vivienda destruida.
Los enseres de estas personas fueron trasladados a una bodega dispuesta por la Oficina Territorial de Gestión del Riesgo y el compromiso de que se les costeará 3 noches de hotel mientras ubican un lugar para tomar en arriendo y posteriomente se les entregará un subsidio mensual de $350 mil pesos para la manutención de cada familia.
