La Procuraduría General de la Nación anunció este martes que el gobernador del departamento del Vichada, Álvaro Arley León Flórez, fue destituido e inhabilitado por ocho años, debido a posibles hechos de corrupción en su administración.
Los hechos que afectan a León Flórez, quien fue elegido como gobernador para el período 2020-2023, se habrían originado a causa de la firma de un contrato por 1.700 millones de pesos.
Este se había celebrado con un individuo que se encontraba inhabilitado, a quien luego, gracias a las investigaciones de las autoridades, se le vinculó con la campaña electoral del actual gobernador del Vichada.
Además, se logró establecer que dicho acuerdo se habría pactado durante la época de pandemia. En la contratación, realizada de manera directa, la empresa de quien habría financiado su campaña tenía la labor de realizar el suministro de mercados a la población en condiciones de vulnerabilidad en la región, según lo encontrado por la Procuraduría General de la Nación.
Ahora bien, ”el valor máximo que podía aportar un particular, fuera persona natural o jurídica, era la suma de 22.096.965 pesos, como cifra tope para no generar la inhabilidad para contratar con la Gobernación del Vichada”, expresó el Ministerio Público.
Sin embargo, la persona que participó en ese negocio habría aportado a la campaña de León Flórez más 40 millones de pesos y por eso estaba inhabilitado para contratar con entidades públicas del Vichada. Adicionalmente, según la entidad, la campaña del líder político conocía todos los detalles del aporte del tercero en mención, y que, incluso, el mismo gobernador era consciente.
Por lo tanto, la Procuraduría determinó que el funcionario en su calidad de gobernador de la región faltó a su deber e incumplió con lo expuesto por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades en materia de contratación estatal.
Por las irregularidades se le sancionó a título de culpa gravísima. Sin embargo, esta sería una primera instancia del castigo impuesto, pues aún Álvaro Arley León Flórez cuenta con el recurso de apelación que podrá imponer ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.
