Este lunes la Sala de Reconocimiento de la JEP informó que imputó por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 exintegrantes del Ejército, un exmiembro del DAS y dos terceros civiles por 303 víctimas de ‘falsos positivos’ en Casanare.
Entre los llamados está el general en retiro Henry William Torres Escalante, así como dos coroneles, tres tenientes coroneles, 10 oficiales y seis suboficiales, la mayoría de ellos pertenecientes a la Brigada XVI del Ejército.
Los hechos que investigó la JEP ocurrieron entre 2005 y 2008, y las más de 300 víctimas fueron asesinadas en 218 eventos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y Tame (Arauca). Estos crímenes constituyeron casi dos terceras partes de los resultados que reportó la Brigada XVI en la época.
Entre los 22 militares llamados hay dos que siguen activos, el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz y el capitán Miguel Andrés Sierra García
Entre las víctimas hay nueve mujeres, una persona con orientación sexual e identidad de género diversa, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva.
Además, la JEP determinó que en algunos casos se utilizó a menores de edad como reclutadores o para que participaran de los engaños a las víctimas que terminaban muertas, por lo cual por primera vez se imputa dentro del caso por ‘falsos positivos’ el delito de utilización de niños y niñas, así como el de persecución por razones de género.
Así mismo, la Sala de Reconocimiento determinó que solo en el Gaula Casanare al menos 140 millones de pesos de gastos reservados, provenientes de los recursos de los contribuyentes, sirvieron para financiar el accionar criminal de los imputados.
Todo esto, señala la JEP, ocurrió bajo la comandancia del mayor general (r) Torres Escalante.
De acuerdo con la investigación, haciendo uso de su estructura, la conformación con militares que conocían la práctica y una mayor afluencia de recursos para pagos de información con recursos públicos, el Gaula Casanare, que tenía alrededor de 70 personas, logró resultados consistentes en bajas parecidos a los que hacía todo un batallón de infantería como el batallón No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno), conformado por más de 1.000 hombres.
En su mayoría las víctimas fueron hombres entre los 18 y 25 años, pero también se asesinó a nueve mujeres, una de ellas en estado de embarazo, dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa.
