Con la ley que reglamenta la Reforma al Sistema General de Regalías, aprobada por el Congreso de la República, los municipios y departamentos del país tendrán más de $15,7 billones de pesos disponibles para inversión social directa, en el periodo 2020-2021.
Según el Ministerio de Minas y Energía esta cifra incluye asignaciones directas para las regiones productoras, las cuales se estiman en más de $3,8 billones de pesos, la asignación local que recibirán los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas por cerca de $2 billones de pesos, recursos para la Inversión Regional por más de $5,2 billones de pesos y saldos no comprometidos de vigencias anteriores, priorizando inversiones en vías terciarias, electrificación rural, sector agropecuario, conectividad, agua potable y saneamiento básico. Con corte al mes de agosto, estos saldos suman cerca de $4,7 billones de pesos.
Por su parte, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, aseguró que con la aprobación del proyecto se saldan deudas de años: la primera, más descentralización y autonomía al territorio al pasar de 1.152 a 8 órganos colegiados de administración y decisión (OCAD); la segunda, más recursos para las zonas productoras que pasaron del 11 % al 25 %; y la tercera, la participación con voz y voto de los diferentes grupos étnicos en los diversos escenarios de decisión del sistema.
Los departamentos con mayores asignaciones son Meta, que pasa de recibir más de $650.000 millones de pesos en bienio 2019-2020 a más de $1 billón de pesos para el bienio 2021-2022. Le sigue Casanare, que pasa de cerca de $300.000 millones de pesos a más de $670.000 millones de pesos; y Cesar, de más de $230.000 a más de $475.000 millones de pesos.
La reforma también promueve la equidad con más recursos para los municipios más pobres. Más de 1.000 municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas serán beneficiados con asignaciones que pasan del 10,7% al 15%.
Se mantiene la inversión regional del 34% para proyectos de impacto regional con criterios de población, pobreza y desempleo.
La reforma establece un periodo de transición para que, en el año 2021, los departamentos puedan agilizar las inversiones, viabilizando, priorizando y aprobando directamente los recursos de la asignación para la Inversión Regional. Para ello, se deberán realizar ejercicios de planeación, liderados por los gobernadores y los alcaldes, que faciliten la participación de diferentes actores regionales y locales.
Por primera vez, se asignan recursos de regalías para el medio ambiente. Permitirán financiar proyectos relacionados con la conservación de áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación. Se destinará un 5%.
De otra parte, se deberá destinar un porcentaje no inferior al 5% de las asignaciones directas estará destinado a infraestructura educativa o a proyectos para mejorar la cobertura, permanencia y calidad de la Educación Superior pública. Los recursos de Ciencia, Tecnología e Innovación aumentan del 9,5% al 10%.
Asimismo, se mantienen los recursos para la paz. La reforma acelera la destinación de un 7% el presupuesto de regalías para la implementación de una paz con legalidad.
Además, por primera vez, serán beneficiarios directos los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y el pueblo Rrom o Gitano de un porcentaje de la asignación para la inversión local. Los proyectos serán priorizados y aprobados de forma autónoma en Instancias de Decisión conformadas por ellos mismos.
Con el propósito de determinar la adecuada o inadecuada gestión de los recursos del Sistema se realizarán mediciones de desempeño. Como consecuencia de lo anterior, se activarán mecanismos de seguimiento, acompañamiento y protección de los recursos para los municipios y departamentos que se ubiquen en rangos críticos de gestión.
El proyecto de ley que reglamenta la reforma al Sistema General de Regalías fue radicado ante el Congreso de la República por los Ministerios de Minas y Energía, y de Hacienda y Crédito Público, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, DNP. No obstante, fue unificado con el proyecto presentado antes por el representante a la Cámara por Casanare, César Ortiz Zorro.
César Ortíz Zorro.
