Buscando garantizar las prestaciones económicas y sociales al personal de salud en el país, además de establecer un bono del 10% adicional de ingreso para quienes prestan su servicio en zonas de conflicto, el Representante a la Cámara de Casanare, César Ortiz Zorro, promueve un proyecto de Ley de su autoría, con el respaldo de 31 congresistas entre Senadores y Representantes a la Cámara.
Pretende desterrar de una vez por todas, el contrato de prestación de servicios y las órdenes de prestación de servicios, OPS, en la vinculación del talento humano al servicio de la salud (incluyendo personal de servicios generales esencial para el funcionamiento) ; excepto para algunos especialistas que tienen negocios comerciales, civiles o administrativos y no laborales con las EPS y las IPS.
El objetivo del proyecto es establecer que toda vinculación de los trabajadores de la salud deberá hacerse por regla general mediante contrato laboral de trabajo por parte de las EPS, IPS y Empresas de Transporte Especial de Pacientes, sean públicas, privadas, mixtas, comunitarias o solidarias.
El autor del Proyecto manifestó que “durante los últimos años la justicia colombiana y en especial las altas cortes, mediante diversos fallos ha desenmascarado el engaño de las OPS o contratos de prestación de servicios personales contra el trabajador laboral, violando preceptos constitucionales y legales, que protegen el derecho al trabajo digno, estable, con prestaciones económicas y sociales”.
De otra parte, el proyecto de Ley tiene también por objeto eliminar la intermediación y la tercerización laboral, para todos los trabajadores de la salud y no exclusivamente para el talento misional de salud, por cuanto con la intermediación se impuso un instrumento de engaño a las prestaciones económicas, legales y a la estabilidad del talento humano al servicio de la salud.
Este proyecto es respaldado por Médicos Unidos de Colombia, y otras agremiaciones de la salud.
Según la médico Claudia Garzón, vocera de esta agremiación, alrededor de un 80% de estos profesionales trabajan por prestación de servicios, con bajos salarios, de un promedio de 2 millones de pesos, luego de haber invertido mucho dinero en sus carreras universitarias. Lo mismo sucede con auxiliares de enfermería que están ganado un salario mínimo, con lo que sigue devaluada su profesión.
Ahora se espera que con esta Ley, se devuelvan garantías al personal de salud, que les quitó la Ley 100.
