Un sinsabor se registró por funcionarios de la Administración Municipal, por cuenta de la orden de un Juez de la República que ordenó 3 días de arresto al alcalde Leonardo Puentes, por no reubicar a 450 familias del asentamiento humano Mi Nueva Esperanza.
Fue un sentimiento de impotencia que reflejaron los funcionarios y varios ciudadanos que acompañaron al alcalde Puentes desde la Alcaldía, hasta las instalaciones del comando de Policía de Casanare.
“Ojalá echen a la cárcel a todos los que se han enriquecido con la vivienda ilegal, por qué a ellos no les pasa nada”, se preguntó una ciudadana que entre enojada y desconcertada porque no entendía cómo la justicia actúa solo en algunos casos.
El alcalde Leonardo Puentes señaló que desde que conoció la orden de su arresto, conversó con el comandante de Policía, para que le diera un tiempo mientras dejaba organizadas algunas cosas de su trabajo.
“Es difícil tomar este tipo de decisiones cuando se confronta un problema tan grande como el urbanismo ilegal, que tenía capturado a este municipio y nos ha condenado a todo este problema social que todos conocemos”, señaló el mandatario.
Dijo que es imposible resolver la orden del Juez en estos momentos, porque reubicar a esas 450 familias que están en los registros de la Alcaldía, cuesta por lo menos 60.000 millones de pesos.
Sumado a los 150 mil millones de pesos que costaría la solución en la Ciudadela La Bendición, al municipio le tomaría solucionar estos dos casos por lo menos 20 años.