Esa fue la conclusión que
quedó al término de una audiencia pública que tenía como fin analizar la
situación de riesgo del río Cravo Sur y qué están haciendo las autoridades para
mitigar la situación.
La encrucijada en la que
se encuentra el Gobernador de Casanare Alirio Barrera es que en la acción
popular que existe por los riesgos que genera el afluente hídrico en varias
zonas de Yopal, el Tribunal Administrativo
de Casanare le ordena que ejecute unas obras, pero la comunidad no está de
acuerdo porque dicen que no servirán.
Un enrocado que debe
construirse en la margen derecha del río Cravo, es lo que debe ejecutarse según
los estudios y diseños que contrató la Alcaldía de Yopal en el 2.013 cuyo costo
fue de 1.865 millones de pesos.
Pero los veedores y varios
habitantes del centro de Yopal, dijeron que esa obra es insuficiente porque han
habido casos en que construyen enrocados, pero la fuerza de las aguas del Cravo
Sur se las lleva.
Para dirimir este
conflicto el procurador Nelson Briceño Chiriví le dijo a los asistentes a la
audiencia pública que debe argumentarse desde lo técnico, que los estudios y
diseños de la Alcaldía de Yopal no sirven.
Lo que viene es una nueva
audiencia en la que se espera asista el Tribunal Administrativo de Casanare,
con el objeto de definir si se ejecutarán las obras que cuestan alrededor de
33.000 millones de pesos o si se requiere elaborar un nuevo estudio que
determine en que se deben invertir esos recursos.
La Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo aportará 14.000 millones de pesos para ejecutar la obra; el
gobernador Alirio Barrera señaló que aportaría cerca de 10.000 millones de
pesos y que si se requiere más dinero, podría aportar los recursos disponibles
en el presupuesto.
La alcaldesa (e) Luz
Marina Cardozo dio una corta exposición de las acciones que adelanta la
administración municipal, intervención que fue complementada por la
coordinadora de Gestión de Riesgo del Municipio Elizabeth Puerto y el capitán
Arvey Ramírez comandante del Cuerpo de Bomberos de Yopal.
