Un cuestionamiento dio a conocer Mauricio
Castro ex administrador del Terminal de Transportes en el gobierno del ex
alcalde Nelson Mariño Velandia.
“Nosotros
estamos verificando y miramos que no hay un acto administrativo mediante el
cual el Ministerio de Transportes le
autorice de que esté habilitado u homologado (el terminal)”, afirmó Castro.
Otro de los aspectos que señaló el ex
administrador, es que según el Decreto 2762 un Terminal de Transportes que no
esté homologado no podría cobrar tasa de uso.
“Cómo va a entregar uno algo que no existe y
donde no tiene vía jurídica y no está legalizado, para mí es algo irrisorio e ilógico
que entren a entregar algo que no existe” dijo.
Ceiba
Ante las inquietudes que surgieron del ex
administrador de la Terminal de Transportes, La Reportería consultó al gerente de Ceiba Hugo Andrés Montes
quien señaló que no solo el Terminal de Transportes de Yopal no está homologado
sino que es un caso que se registra en cerca del 90 por ciento del país.
El Ministerio entendiendo esta situación
generalizada ha contemplado que “estos predios que tienen como fin prestar los
servicio de Terminal de Transportes pero que no son sujetos ni pueden ser
homologados deben generar unos ingresos para poderse sostener”.
Según Montes el Ministerio estableció mediante
un estudio técnico que si fruto de la concertación entre los actores, esto es
la administración del Terminal y el sector de transportadores se establece un
acuerdo, si es posible cobrar una tarifa.
“Puede hacerse porque es la única forma en que
se pueda seguir funcionando estas infraestructuras, depende de las mismas tarifas”,
explicó Montes.
Indicó que lo primero que hizo fue reunirse con
los transportadores para acordar en conjunto una tarifa que a la postre se ha
utilizado para pagar el servicio de vigilancia y para mejorar la infraestructura
en la parte interna, entre otras cosas.
Adicionalmente señaló el gerente de Ceiba que
el predio donde está construido el Terminal está sujeto a una acción popular,
en donde también son actores el Ministerio de Transportes y la la Superintendencia
de Puertos y Transportes, quienes conocen abiertamente cómo se está operando.
