El presidente Gustavo Petro reincorporó a Héctor José Buitrago, alias “Martín Llanos”, antiguo jefe paramilitar en Casanare, como gestor de paz, en el marco de la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025.
Con esta medida, el Gobierno reactivó la mesa de negociación con exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incluyendo a otros 15 excomandantes de alto perfil como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”) y Diego Fernando Murillo Bejarano (“Don Berna”).
Un nombre que marcó la historia de Casanare
Martín Llanos fue uno de los líderes más temidos en los Llanos Orientales. Su estructura, el Bloque Centauros, operó con fuerte presencia en Casanare, Arauca y Meta, siendo responsable de graves violaciones a los derechos humanos, desplazamientos y enfrentamientos con guerrillas y otros grupos armados.
Su inclusión como gestor de paz genera alta controversia en la región, donde todavía permanecen vivas las memorias del conflicto.
¿Qué implica la designación?
La resolución establece que los exparamilitares no recibirán beneficios judiciales ni de libertad, pero tendrán la misión de aportar a la verdad, reparación y construcción de garantías de no repetición, además de servir como intermediarios en acercamientos con actores armados ilegales.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la decisión asegurando que la medida busca que los exjefes paramilitares “reconstruyan el tejido social, reparen y digan la verdad”.
Vigencia de la medida
Los nombramientos tendrán validez hasta el 6 de agosto de 2026. Durante este tiempo, los exjefes paramilitares deberán firmar un plan de trabajo y presentar informes periódicos de sus avances.
Debate en Casanare
En el departamento, donde Martín Llanos tuvo su centro de poder, el anuncio reavivó el debate sobre la legitimidad de dar protagonismo a figuras que fueron responsables de masacres, desapariciones y desplazamientos.
El Gobierno defiende que se trata de un paso necesario para avanzar en la estrategia de “Paz Total”, mientras sectores de la sociedad civil y víctimas piden mayores garantías de verdad y reparación real.
