La Fundación para el Estado de Derecho impugnó varios artículos del decreto que estableció el INVIR, argumentando que la norma vulneraba principios de transparencia y equidad en la contratación pública. La corte determinó que permitir la contratación directa de comunidades rurales y organizaciones populares para proyectos de infraestructura vial regionales podría dar lugar a irregularidades y falta de supervisión adecuada.
Este fallo pone en jaque una de las estrategias del gobierno para impulsar obras en zonas apartadas, abriendo un debate sobre la necesidad de mecanismos de contratación más rigurosos que garanticen el uso eficiente de los recursos públicos.
