En el Congreso de la República, crecen las denuncias sobre la administración de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dirigida por Felipe Harman. El senador Miguel Uribe ha señalado que la contratación en la entidad ha experimentado un crecimiento «desproporcionado», con un incremento del 440% en los contratos de prestación de servicios durante el 2024. Uribe calificó esta situación como un “saqueo millonario” que pone en tela de juicio el manejo de los recursos públicos bajo la gestión de Harman.
Según el congresista, entre enero y agosto de 2024, la ANT gastó $358.000 millones en la contratación de 8.712 servicios, de los cuales 5.143 siguen activos. Este gasto ha superado al de todas las demás entidades del Gobierno Nacional, lo que para Uribe evidencia un aumento injustificable de la burocracia. La situación se agrava, según las denuncias, ya que más de 200 personas beneficiadas con contratos en la entidad trabajaron previamente con Harman cuando este fue alcalde de Villavicencio. Estos contratos, en conjunto, suman $11.625 millones de pesos.
Miguel Uribe subrayó que este manejo de los recursos es una maniobra política de Harman, quien estaría usando su cargo como plataforma para fortalecer su aspiración política a costa de los fondos del Estado. Uribe no solo critica el volumen de contratación, sino también la falta de experiencia de muchos de los beneficiarios, algunos de los cuales, según advirtió, estarían involucrados en actividades de inteligencia y contrainteligencia, competencias reservadas exclusivamente para organismos de seguridad como las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Entre los casos más alarmantes, Uribe mencionó el de Roberto Arroyave, exfuncionario de la Alcaldía de Villavicencio, quien ahora ostenta un contrato de $18 millones mensuales en la ANT. Arroyave estaría reportando labores de inteligencia, lo cual, según Uribe, viola las normas de seguridad del país y compromete la transparencia de la entidad.
El senador pidió una intervención urgente, afirmando que la situación es «un completo descaro» que pone en riesgo el manejo adecuado de los recursos públicos y la legalidad en la función de la Agencia Nacional de Tierras.
