Desde su llegada al poder, el presidente Gustavo Petro tomó una decisión que ningún mandatario anterior se atrevió a enfrentar: comenzar a desmantelar el costoso subsidio a los combustibles. Aunque era evidente para los economistas que el subsidio a la gasolina y al diésel estaba creando un hueco fiscal insostenible, la administración de Iván Duque optó por esquivar el problema para evitar una pérdida de popularidad en las urnas, trasladando la responsabilidad al siguiente gobierno.
Ahora, el panorama es alarmante. Los transportadores se niegan a aceptar un alza en los precios del diésel, que podrían llegar a los 15.000 pesos por galón, mientras el Gobierno busca soluciones en medio de la presión social y económica.
El presidente Petro asumió el costo político de esta medida, argumentando que mantener los subsidios actuales significaría destinar el equivalente a dos reformas tributarias para sostener precios artificialmente bajos. Sin embargo, la resistencia de los camioneros podría poner al país al borde de una nueva crisis de abastecimiento.A medida que el debate se intensifica, crece la incertidumbre sobre el impacto que tendrá este aumento en la economía nacional, especialmente en sectores clave como el transporte de mercancías, donde el diésel es esencial.
