Calle 40 vía a Matepantano.
Más de siete meses lleva parada la obra de la doblecalzada que conduce de la calle 40 con carrera 29 en Yopal hasta la vía a Matepantano. Esta vía que pretende disminuir en tiempo y distancia la movilidad de la ciudad está colapsada, generando no solo retrasos en la culminación del proyecto, sino también inseguridad, accidentalidad y problemas para los contratistas quienes ya deberían haber cumplido con esta obra.
La responsabilidad de este bloqueo al desarrollo turístico y económico para Yopal parece tener nombre propio: se trata de TGI, la empresa trasportadora de gas la cual no ha cedido al Municipio una zona de 170 metros cuadrados, terreno donde reposan al parecer elementos obsoletos y que no han permitido el paso de la carretera.
Y es que la pretensión de TGI parece traída de los cabellos, pues al parecer esta empresa estaría pidiéndole al contratista que le reconozca 580 mil pesos por el metro cuadrado, lo que equivaldría a casi 100 millones de pesos, dinero que el contratista de la doblecalzada no estaría en condiciones de asumir.
Según se ha podido establecer, el contratista sostiene que al verse presionado y en un eventual caso accediera a las pretensiones de TGI, el verdadero propietario del predio podría reclamar participación en el negocio lo que ocasionaría doble gasto, que además no contempla este contrato.
“Es evidente el problema que nos ha generado a los habitantes de Villa Lucía, Llano Vargas e incluso a los moradores de las veredas vecinas este retraso, que resulta siendo por intereses particulares sin tener en cuenta que esta es una obra para todos los yopaleños” denuncia Esperanza Pidiache, habitante del sector que critica la desidia de la empresa privada.
Calle 40 con carrera 29.
¿El Estado puede actuar?
Precisamente la Corte Constitucional de la República de Colombia, en la Sentencia C-227/11 define los parámetros sobre los cuales se podría expropiar el predio en pro del beneficio público.
La expropiación puede ser definida “Como una operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición del dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa” reza la sentencia.
No obstante “la indemnización puede variar según la negociación con las partes; puede cancelarse sobre el precio catastral más no el valor comercial, o incluso en algunos casos, puede el Estado, en beneficio de lo público, no pagar a los interesados en aras del desarrollo y el beneficio colectivo” señala el abogado experto en derecho administrativo de la Universidad Libre Fabio Blanco Ortega.
De momento, mientras hay respuesta alguna, miles de yopaleños se ven afectados porque no cuentan con una vía en condiciones mínimas de transitabilidad y debidamente iluminada, que además generaría una conexión directa con la zona turística de la región.
LAREPORTERÍA.COM está a la espera de la respuesta de la empresa TGI para conocer sus posiciones frente a esta situación.
Terrible q por intereses de los privados haya demoras. La gete deberia protestar para q terminen esa obra. Gracias por mostrarle a la opinion esta notocia