La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a José Luis Ruiz Barrios, secretario de Planeación del municipio de Arauquita, en Arauca, como presunto responsable de irregularidades en una millonaria obra de la Policía.
A través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el ente investigador detalló que detectó varias irregularidades en el “contrato 128 de 2016” de ese municipio araucano, que contempló la construcción de una nueva sede para las dependencias de policía judicial y de Inteligencia de la Policía Nacional.
Sobre los hechos por los que fue imputado Ruiz Barrios se detalló que el contrato se pactó inicialmente en 16.100 millones de pesos, pero tuvo tres adiciones presupuestales por 5.500 millones de pesos, por lo que en total el contrato ascendió a 21.600 millones de pesos.
El hoy secretario fue el contratista de una obra que tuvo sobrecostos de 5.500 millones de pesos, según la Fiscalía.
“Asimismo, se fijó un plazo de ejecución de 210 días, pero las obras se interrumpieron en 11 oportunidades y las instalaciones se entregaron dos años después”, apuntó la Fiscalía.
En esa línea se agregó que entre los presuntos responsables de las anomalías están el entonces contratista Ruiz Barrios, actual secretario de Planeación; y los interventores Luis Carlos Montilla Melo y Roberto Carlos Valcarcel Sarmiento. A estas personas la Fiscalía les imputó el delito de peculado por apropiación.
De acuerdo con el material probatorio, el contratista recibió un anticipo de 8.210 millones de pesos, el cual habría sido destinado para cubrir gastos personales y ajenos al objeto del contrato, entre estos, préstamos a los empleados, un sobregiro a un familiar del entonces gobernador del departamento, financiamiento de otros proyectos y pagos a empresas que no hacían parte del consorcio contratista.
“Se evidenció una posible doble contabilidad. Una con ingresos y egresos reales; y otra con cifras maquilladas. Todas estas maniobras ilícitas, supuestamente, permitieron al señor Ruiz Barrios y a los dos interventores apropiarse de recursos públicos por 4.318 millones de pesos”, agregó la Fiscalía.
El pasado jueves la Fiscalía también imputó al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por presuntas irregularidades de contratación para la logística y entrega de kits de ayuda humanitaria, para la población afectada por la emergencia sanitaria del covid-19 en ese departamento.
De acuerdo con la investigación, este contrato fue asignado a Multiservicios MAEL SAS ZOMAC, empresa en la que, según la Fiscalía, su representante legal sería una persona cercana al mandatario departamental y todos los actos previos en los que intervino el gobernador estuvieron dispuestos para favorecer al único proponente y limitar la participación de otros interesados.
El secretario José Luis Ruiz Barrios, siendo contratista, recibió un anticipo de $8.210 millones que habría destinado para cubrir gastos personales y ajenos al objeto del contrato, según la Fiscalía.
