Los familiares de Daniel Torres Arciniegas y su hijo, Roque Julio Torres, de 16 años, quienes fueron asesinados en ejecuciones extrajudiciales, también llamadas “falsos positivos”, serán indemnizadas por el Estado. La decisión, que pasó por dos instancias, finalmente le da la victoria a los familiares víctimas, quienes demandaron al Ejército por el asesinato de estas dos personas, a manos de militares de la Brigada 16, quienes eran comandados por el hoy general en retiro, Henry Torres Escalante, quien permanece privado de la libertad mientras avanza su proceso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El lío jurídico inició porque en 2007, en la vereda El Triunfo Alto de Aguazul (Casanare), padre e hijo fueron asesinados por miembros de esta brigada y, según la hipótesis de la Fiscalía, el general (r) Torres Escalante sería responsable de estos hechos. Adicionalmente, tras asesinarlos, los quisieron hacer pasar como guerrilleros que habían muerto en combate, lo que ocasionó que también sus familiares, quienes son los demandantes y ahora serán indemnizados, tuvieran que salir desplazados de la zona.
El caso llegó al Juzgado 61 Administrativo de Bogotá en agosto de 2019, despacho al que los familiares de los Torres pedían una indemnización, tanto por el asesinato de ellos dos, como por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas. En primera instancia, consta en los documentos del caso, Torres hijo fue testigo en 2005 de la tortura y asesinato de dos campesinos a manos de uniformados de la Brigada 16, hechos que el joven relató ante la Justicia Penal Militar, aclarando que cualquier cosa que le pasara al él, debía atribuirse al Ejército.
Según el expediente, Torres padre interpuso una denuncia formal contra la Brigada 16 porque 15 militares ingresaron sin autorización a su casa, argumentando que harían un censo. Dice el documento que, una vez identificaron al hombre, encerraron a su familia en las habitaciones y lo acusaron de ayudar con la guerrilla y que había una orden de captura en su contra, razón por la cual, supuestamente, debía acompañarlo. Torres se negó y tiempo después, junto con su hijo, fue asesinado y el resto de su familia desplazada.
En esa ocasión, el despacho consideró que sí se probaba la responsabilidad del Ejército en las ejecuciones extrajudiciales de padre e hijo, pero que no se les podía reconocer como víctimas de desplazamiento forzado a los familiares. En ese momento, se condenó a la Nación a pagar una multa y declaró “administrativamente responsable a la Nación” por la muerte de los dos hombres. Paralelamente, el soldado Marco Fabián García Céspedes, uniformado que asesinó a los dos familiares, afrontaba un proceso penal, en el cual se le condenó a cumplir 26 años de prisión.
La decisión del Juzgado fue apelada por la defensa del Estado, que consideró que no se puede ver afectado su patrimonio cuando “un agente suyo comete un ilícito o conducta negligente, imprudente o descuidada”, por lo que el único que debería responder, a consideración de la Nación, es el uniformado García Céspedes. Por su parte, los familiares de las víctimas pedían que también fuera reconocido el caso, uno de los más emblemáticos de falsos positivos en Casanare, como un crimen de lesa humanidad.
El caso llegó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en diciembre de 2021, consideró que la decisión de primera instancia fue acertada, por lo cual la Nación debe indemnizar a los familiares de las víctimas por los perjuicios que les causaron los miembros de la Brigada 16 del Ejército. El fallo del alto tribunal no fue en sí favorable para ninguna de las dos partes, pues el Estado no pudo librarse de la responsabilidad en los crímenes, y los familiares de los asesinados no obtuvieron todas las pretenciones por el asesinato y el desplazamiento forzado.
Los asesinatos de padre e hijo, así como el de Hugo Édgar Araque Rodríguez, también asesinado en 2007, son de los casos más sobresalientes sobre los falsos positivos en Casanare. La historia de estas tres muertes se conecta porque Torres hijo fue testigo del asesinato de Araque Rodríguez, quien miembros del Ejército hicieron pasar como guerrillero muerto en combate, algo que denunció el asesinado menor. El asesinato de los Torres un par de años después empezó a dejar evidencia la complicidad dentro de uniformados en relación con las ejecuciones extrajudiciales.
En cuanto al caso por falsos positivos atribuidos a esta Brigada, al general (r) Henry Torres Escalante, quien está respondiendo ante la JEP por estos hechos, le fue negada su solicitud de libertad en septiembre del año pasado, ya que la jurisdicción transicional consideró que su aporte a la verdad en el macrocaso 03, sobre ejecuciones judiciales, fue insuficiente. A la Brigada 16 se le acusan 170 muertes ilegítimas en Casanare, a las que el militar ha dicho que no sabía nada de esos actos cometidos por uniformados a su mando.
La captura del militar fue el último resultado de Eduardo Montealegre como fiscal general de la Nación, en 2016. En marzo de ese año, el exfiscal firmó la medida de aseguramiento contra el ahora compareciente en la JEP y, horas después, el mismo acusado se presentó voluntariamente ante las autoridades. Entonces, se dijo que un fiscal delegado ante la Corte Suprema indagaba por casi 85 falsos positivos que ocurrieron en Casanare, especialmente en los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo.
En ese momento la detención del ahora retirado Torres Escalante fue histórica, ya que se convirtió en el primer general activo en ser privado de su libertad por falsos positivos. Por su parte, el acusado ha negado en la justicia ordinaria y la transicional su eventual responsabilidad por las ejecuciones, asegurando que ha cumplido con su deber. En su historial se destacan 13 medallas y otras felicitaciones.
REDACCIÓN: EL ESPECTADOR
