Una medida cautelar provisional de protección del antiguo cementerio de Yopal (Casanare), impuso la JEP (Justicia especial para la Paz) al presumir la existencia de cuerpos de personas desaparecidas por el conflicto armado.
En consecuencia le ordenó a la Alcaldía de esa ciudad, por el término de 6 meses, abstenerse de expedir licencias de urbanismo para obras civiles, de construcción o similares que impliquen cualquier tipo de afectación o modificación del cementerio. Las medidas adoptadas por la JEP fueron solicitadas por la Junta de Acción Comunal del Barrio la Esperanza, donde se ubica el predio.
Esta decisión se tomó teniendo en cuenta que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) modificó el uso del suelo del lugar, además de que la Fiscalía no ha certificado que se haya realizado la prospección y exhumación de la totalidad de cuerpos de personas no identificadas víctimas del conflicto armado.
Es de señalar que años atrás se realizó el desmonte de las bóvedas que quedaban y se hizo exhumación de los restos óseos con el propósito de dar otro uso al terreno. Allí se ha propuesto construir desde el archivo municipal, hasta un centro vida (para adultos mayores) o un CDI (para niños).
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP otorgó a la Fiscalía General de la Nación un término de 45 días para presentar un cronograma que incluya los tiempos requeridos para el abordaje general del cementerio antiguo de Yopal, con miras a identificar los lugares en donde pueden encontrarse cuerpos de personas dadas por desaparecidas.
La Sección tuvo conocimiento de que se realizó el traslado de alrededor de 150 cuerpos de personas no identificadas que se encontraban en el antiguo cementerio, de los que solo 66 fueron reubicados en el nuevo camposanto.
Al conocerse el paradero de algunos de los cuerpos restantes, que fueron enviados a distintos lugares, se ordenó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Yopal y Tunja, así como al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Bucaramanga garantizar la custodia de los cuerpos exhumados hasta cuando la Fiscalía General de la Nación o la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) realicen las actividades que les corresponden, con miras a la identificación y entrega digna a los familiares.
A este trámite se acumuló la petición de la Corporación Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda sobre la custodia y cuidado de los cementerios y cadáveres de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados. Además, se vinculó a la Alcaldía de Yopal, a quien se trasladó la petición, así como las recomendaciones del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial EQUITAS, en relación con el cuidado y protección de los lugares, dada la situación por cuenta del Covid-19 y que implica extremar cuidados para impedir que se alteren lugares de inhumación de víctimas de desaparición forzada.
Finalmente, se corrió traslado de todo lo actuado en este trámite a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para el ejercicio de sus competencias.