El Instituto Financiero de Casanare (IFC) enfrenta cuestionamientos por un posible detrimento patrimonial derivado de procesos de cobro sobre cartera antigua que, según denuncias, presentarían serias inconsistencias jurídicas y podrían ser deudas no exigibles.
La alerta fue emitida por Leonardo Infante uno de los accionantes, y advirtió que la entidad estaría adelantando cobros sobre obligaciones de más de 20 años, algunas presuntamente prescritas, lo que ha generado decisiones judiciales contradictorias entre despachos administrativos y civiles.
De acuerdo con lo expuesto, mientras en la jurisdicción administrativa se han negado mandamientos de pago por falta de viabilidad jurídica, en algunos juzgados civiles se habrían ordenado embargos contra ciudadanos, situación que ha derivado en posteriores reversos, levantamiento de medidas cautelares y devolución de recursos.
Este escenario no solo impactaría a los deudores, sino también a las finanzas públicas, teniendo en cuenta que el IFC ya estaría siendo condenado en costas en algunos procesos, lo que implica asumir gastos legales adicionales sin lograr la recuperación efectiva de la cartera.
A esto se suma el uso del cobro coactivo, mediante el cual se han ejecutado embargos sobre bienes, cuentas bancarias e incluso ingresos, en casos donde el valor de la deuda sería inferior o estaría jurídicamente cuestionado.
El panorama se torna más complejo tras conocerse decisiones judiciales que califican parte de esta cartera como irrecuperable, lo que pondría en entredicho la continuidad de estos procesos y la estrategia de recaudo adoptada por la entidad.
Ante esta situación, el caso queda en manos de la justicia, que deberá definir si estos cobros se ajustan a la ley o si, por el contrario, deben ser suspendidos para evitar mayores afectaciones al patrimonio público y a los ciudadanos.
