Mantener a una persona privada de la libertad en Colombia representa un costo cercano a los 4 millones de pesos mensuales, recursos asumidos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
La cifra, revelada por la Secretaría de Gobierno de Yopal, abrió el debate sobre la necesidad de fortalecer procesos reales de resocialización que permitan transformar el tiempo de reclusión en oportunidades productivas.
El secretario de Gobierno, Jorge Andrés Rodríguez, explicó que la administración municipal viene respaldando iniciativas dentro del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad La Guafilla, donde los internos participan en proyectos agrícolas con cultivos de papaya, girasol, plátano y ají, además de unidades productivas como panadería, modistería, elaboración de chinchorros y granjas autosostenibles.
La apuesta busca que los privados de la libertad no permanezcan únicamente en sus celdas, sino que desarrollen habilidades laborales que faciliten su reintegración social.
Según la administración, varios internos vinculados a la comunidad terapéutica han manifestado que estas actividades les permiten proyectar un cambio de vida y fortalecer hábitos de disciplina y responsabilidad. Incluso, algunos productos elaborados en el penal ya han sido utilizados en eventos deportivos de la ciudad, demostrando el potencial de estos procesos.
El trabajo articulado también ha contado con apoyo institucional. La Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó la donación de 28 colchones, además de vajillas y prendas de vestir, contribuyendo a mejorar las condiciones de los reclusos.Paralelamente, el municipio suscribió el año anterior un convenio cercano a los 380 millones de pesos con el INPEC para el traslado de personas sindicadas, y proyecta uno nuevo por aproximadamente 800 millones de pesos destinado a la adquisición de vehículos que permitan movilizar detenidos desde las carceletas de la estación de Policía de Yopal.
Desde la Alcaldía se hizo un llamado al sector empresarial para vincularse a estos procesos mediante la contratación de dotaciones y productos elaborados por los internos, como una estrategia que permita fortalecer la resocialización, reducir la reincidencia y generar impacto positivo tanto en la seguridad como en la convivencia ciudadana.
