Una de las estructuras narcotraficantes más grandes detectadas en los últimos años en Casanare fue desmantelada por tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, tras una operación desarrollada en el sector de Campo Alegre, en área rural de Orocué. El lugar funcionaba como un mega cristalizadero dedicado al procesamiento de clorhidrato de cocaína y estaba avaluado en más de 1.400 millones de pesos.
El complejo ilegal estaba compuesto por nueve construcciones levantadas en madera y plástico, equipadas para alojar hasta 15 personas y con espacios destinados a cocina, almacenamiento de insumos, secado y empaque.
La dimensión de la infraestructura revela la capacidad logística del grupo narcotraficante que operaba en la zona.
Durante la intervención, los soldados hallaron maquinaria y herramientas especializadas para la producción del estupefaciente: ocho hornos microondas, dos marcianos de gran capacidad (462 y 250 galones), una prensa hidráulica, un generador de energía, una lavadora, un cilindro de gas, múltiples tanques, canecas metálicas, resistencias, paneles eléctricos y rollos de bolsas plásticas usados para la etapa final de empaque.
El material incautado incluyó además 3885 litros de insumos líquidos entre ellos cetona, ácido sulfúrico y amoníaco y 5525 kilogramos de insumos sólidos, como urea, soda cáustica y amoníaco sólido. Según el análisis militar, el complejo tenía la capacidad de producir hasta cinco toneladas semanales de clorhidrato de cocaína, con un valor estimado que superaba los 15.000 millones de pesos.
La magnitud de esta infraestructura evidencia el nivel de producción y los recursos económicos de las organizaciones narcotraficantes que operan en esta región del país. Con su destrucción, el Ejército asegura haber asestado un golpe directo a las economías ilícitas que financian estructuras criminales en Casanare.
La institución reiteró su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y la protección del territorio, subrayando que continuará adelantando operaciones para identificar y desmantelar complejos ilegales que amenazan la seguridad y la tranquilidad de las comunidades rurales.
