La personera municipal de Maní, Alejandra Ramírez, denunció presuntos actos de acoso laboral, hostigamiento y entorpecimiento en el ejercicio de sus funciones por parte del alcalde de ese municipio, Ferney Chaparro. La funcionaria aseguró que teme por su integridad y la de su familia, luego de una serie de hechos que calificó como vulneraciones a sus derechos y obstaculización de su labor como garante del Ministerio Público.
Ramírez explicó que desde julio de 2024 la administración municipal ha insistido en que desocupe las oficinas de la Personería, bajo el argumento de requerir el espacio para la atención de personas con discapacidad. Sin embargo, la funcionaria sostiene que los lugares alternos ofrecidos por la Alcaldía no cumplen las condiciones adecuadas para atender a la comunidad, razón por la cual se negó al traslado.
Según la personera, la Alcaldía de Maní interpuso un proceso reivindicatorio para exigir la entrega del inmueble, pese a que el Ministerio del Interior ha señalado que las administraciones municipales deben garantizar la infraestructura y funcionamiento de las personerías, especialmente en municipios de categorías bajas con recursos limitados.
“Yo no me niego por capricho, sino porque debo garantizar un servicio digno a la comunidad. He sido prudente y confiado en las instituciones, pero esta situación me ha afectado psicológicamente”, expresó Ramírez con visible afectación.
Asimismo, denunció presuntos actos de discriminación de género y un ambiente de machismo institucional que —según dijo— ha dificultado el ejercicio de su cargo. “He sido víctima de hostigamiento y de situaciones que vulneran mis derechos como mujer. No busco polémicas, solo respeto a la labor que desempeño”, afirmó.
El abogado Luis Alejandro Rincón, apoderado de la Personería, advirtió que el oficio enviado por el alcalde —que ordena entregar la oficina antes del 20 de octubre o proceder al desalojo con acompañamiento policial— constituye una amenaza y una posible extralimitación de funciones.
“Si el alcalde intenta un desalojo por vías de hecho, procederemos con acciones penales y disciplinarias. No se puede permitir que un mandatario local atropelle a la autoridad que vela por los derechos humanos”, enfatizó Rincón.
La denuncia ya fue radicada ante la Procuraduría Regional de Instrucción Casanare y la Defensoría del Pueblo, entidades que deberán evaluar las presuntas irregularidades y garantizar la protección de la funcionaria.
Ramírez hizo un llamado al respeto institucional y a la defensa de las personerías del país: “Levanto la voz no solo por mí, sino por todas las mujeres personeras que enfrentan situaciones similares en Colombia.»
