
Tras realizar una Actuación Especial de Fiscalización – AEF- a los recursos del Sistema General de Regalías ejecutados por MUNICIPIO DE YOPAL, específicamente al convenio interadministrativo suscrito en 2023 por la Alcaldía de Yopal y la empresa Catasig por un valor de 7.036 millón es de pesos, se encontraron varias falencias en la ejecución, según un informe presentado por la Contraloría General de la República.

- Para el ente de fiscalización, se configura una OBSERVACIÓN ADMNINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL, por valor de $6.332 millones de pesos M/CTE, correspondiente al 90% de los recursos ejecutados sin evidencia concluyente de cumplimiento contractual, incluidos los pagos a los contratos de orden de prestación de servicios.

Esta situación afecta el goce efectivo de derechos por parte de la comunidad y pone en riesgo la sostenibilidad del servicio catastral en municipio. La conducta de los funcionarios responsables del seguimiento y aprobación de los desembolsos, sin verificar el cumplimiento efectivo del objeto contractual, configura una posible falta disciplinaria conforme al artículo 34 numeral 1 y 23 de la Ley 1952 de 2019 que derogó la Ley 734 de 2002.

Frente la Componente técnico: se analizó la información contractual, evidenciando que el proyecto no cumplió con los principios y hubo un error de planeación y/o ejecución, limitando los impactos positivos esperados sobre la comunidad y la sostenibilidad financiera del municipio.
También se generó una afectación a la finalidad del proyecto y a los fines esenciales del Estado, orientado a fortalecer la gestión territorial y tributaria del municipio, a través del catastro multipropósito, que no logró consolidar una base catastral técnica, confiable y socialmente aceptada. Por el contrario, generó
incertidumbre tributaria, aumento excesivo de avalúos (hasta en 1.100%) sin criterios de gradualidad y afectación directa a los ciudadanos. Además, el 24% de los predios (12.000 de 50.000) requirió reprocesos de parametrización, evidenciando errores metodológicos en la captura y tratamiento de la información.
Para llegar a esta conclusiones, la Contraloria General de la República realizó visitas técnicas, análisis de documentos, entrevistas con los responsables de los proyectos y revisión de informes financieros y jurídicos. La evaluación abarcó proyectos en diversas fases de ejecución.
Esta gestión ineficiente ocasionó un posible detrimento patrimonial, afectó la confianza ciudadana y limitó el acceso del municipio, a una base catastral confiable, impactando la planeación territorial, la equidad social y el desarrollo regional.
El fracaso del proyecto también obstaculizó los avances del OCAD PAZ, representando una oportunidad perdida para el fortalecimiento institucional y la consolidación de la paz en territorios priorizados.