En Yopal, más de 40 familias del sector Villarrita mantienen su exigencia a la administración municipal y al Juzgado Primero Administrativo para que se cumpla la reubicación o legalización de sus predios, ordenada hace más de dos décadas mediante una acción popular. Aseguran que, pese a contar con la mayoría de los servicios públicos, las autoridades les niegan la legalización argumentando que están en zona de riesgo.
Wilson Orlando Martínez López, vocero de la comunidad, señaló que el fallo inicial buscaba garantizar el acceso a servicios públicos, situación que afirma hoy está resuelta en un 90 %. Sin embargo, la negativa persiste y, paradójicamente, los habitantes continúan pagando impuesto predial y servicios públicos con tarifas de estrato 4, “como si fuéramos completamente legales”.
El líder comunitario cuestionó que en zonas cercanas al aeropuerto, como los apartamentos de Cofacasanares y el barrio Cañaguate, también señaladas como zonas de riesgo, no se hayan aplicado las mismas medidas. “Si nos vamos al derecho a la igualdad, no entendemos por qué a nosotros nos niegan la legalización”, afirmó.
Martínez recordó que en 2022 el Consejo de Estado les dio la razón, reconociendo que el terreno es propiedad privada y que, por tanto, la reubicación debe ser concertada e indemnizada. No obstante, el vocero denuncia que ni la administración ni el juez han ejecutado los avalúos ni las compensaciones ordenadas, lo que ha llevado a que solo 40 de las 100 familias originales permanezcan en el lugar.
Según la comunidad, quienes fueron reubicados en 2017 a Villadavid recibieron viviendas sin escrituras y siguen a la espera de indemnizaciones que nunca se materializaron.
