Anuncian desalojo en asentamiento: Víctimas del conflicto piden garantías

En el sector de la calle 50 con carrera 3 de Yopal, varias familias que desde hace unos meses habitan de manera informal en un predio privado enfrentarán un desalojo programado para este jueves 12 de junio, según lo confirmó la Alcaldía de Yopal tras varias mesas de trabajo con la Inspección de Policía y otras entidades.

Estas personas, que aseguran ser víctimas del conflicto armado, han solicitado la intervención de organismos de control como la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Procuraduría, así como de la Gobernación de Casanare y la propia Alcaldía, para que el procedimiento se realice garantizando sus derechos fundamentales y evitando vulneraciones durante el operativo.

Eduardo Cetina, líder social y representante de víctimas de desplazamiento forzado, hizo un llamado urgente a las autoridades para que se respeten los derechos de esta población vulnerable. “Hay víctimas de desplazamiento, desaparición y otros hechos victimizantes que están reconocidos en la Ley 1448 de 2011. Estas familias ya fueron censadas, algunas han vivido situaciones humillantes en anteriores acercamientos, y hoy requieren una atención diferencial, como lo establece la normativa vigente”, señaló Cetina.

El líder recordó que la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-025 de 2004, declaró el estado de cosas inconstitucional en relación con la situación de las víctimas, reconociendo que son «vulnerables entre los vulnerables». Así mismo, citó la sentencia 026 de 2021, que ordena a las autoridades garantizar alternativas de vivienda tanto a corto como a largo plazo previo a cualquier desalojo, y la sentencia 2047 de 2018, que condiciona la legalidad del desalojo a que las familias tengan acceso a soluciones habitacionales dignas.

Aunque el predio es de carácter privado y está cerca a un lugar de protección del caño Usivar, la Alcaldía argumenta que ha adelantado los procedimientos administrativos correspondientes, desde los colectivos de víctimas insisten en que es deber de las autoridades municipales y nacionales brindar soluciones reales a estas familias, muchas de las cuales, tras años de desplazamiento, hoy han echado raíces en Casanare.

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