Desde enero de 2023, la actividad ilícita en Atrato, Chocó, ha provocado la deforestación de al menos 34 hectáreas, con efectos en el ecosistema que podrían tardar entre 30 y 40 años en recuperarse. Este informe destaca la gravedad de la situación, que afecta tanto al medio ambiente como a las comunidades locales.Aunque el ELN es identificado como el principal responsable de los daños a la infraestructura petrolera en el nororiente del país, se observó una notable disminución de ataques al Oleoducto Caño Limón Coveñas durante el cese al fuego bilateral, que se extendió entre agosto de 2023 y agosto de 2024.
Esto evitó el derrame de aproximadamente 3.180.000 litros de crudo, lo que beneficia a más de 53.650 habitantes en las áreas circundantes.Sin embargo, la reanudación de ataques tras el cese al fuego ha llevado al derrame de crudo en ríos y cuerpos de agua vitales para las comunidades indígenas, como el pueblo u’wa y el pueblo hitnü, alterando sus prácticas tradicionales y vulnerando sus territorios sagrados.Por otro lado, en Putumayo, el frente Comandos de la Frontera – Ejército Bolivariano de la Segunda Marquetalia se ha destacado por la extracción de oro, particularmente en Puerto Guzmán y Puerto Caicedo.
Esta actividad también plantea serias preocupaciones ambientales.En la Amazonía, las disidencias vinculadas a Iván Mordisco son acusadas de deforestar más de 13.000 hectáreas en el Parque Nacional Chiribiquete, lo que subraya la necesidad de una respuesta urgente a estos impactos ambientales.La situación actual exige una reflexión sobre el papel de las instituciones y la comunidad en la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas. Es esencial encontrar soluciones que prioricen la sostenibilidad y el bienestar de las poblaciones locales.
