Luz Adriana Camargo, la recién electa Fiscal General, respaldó públicamente las preocupaciones sobre el incremento de feminicidios y los crecientes casos de violencia hacia las mujeres en Colombia. En su declaración, Camargo reveló que entre mayo de 2023 y 2024, la Fiscalía recibió 149.017 denuncias por violencia intrafamiliar y 630 nuevos casos de feminicidio, una estadística aterradora que, según ella, «evidencia un fenómeno que está teniendo un gran impacto en toda la geografía nacional».
Pese a la gravedad del panorama, esta crisis no es nueva. El Gobierno Nacional, a lo largo de los últimos años, ha intentado implementar medidas para reducir la violencia de género, pero sin éxito tangible. Uno de los esfuerzos más esperanzadores fue la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. No obstante, la entidad ha enfrentado serios problemas estructurales desde su inicio: en poco más de un año, ya ha tenido dos viceministras de la Mujer, área encargada de liderar las políticas y programas contra los feminicidios y otras formas de violencia de género.
Para agravar la situación, en mayo de 2024, la Corte Constitucional anuló la creación del ministerio, generando incertidumbre sobre el futuro de las iniciativas que ya habían sido impulsadas por esa cartera. Ante este panorama, las esperanzas de combatir la violencia de género en el país se ven empañadas por la falta de soluciones estructurales y de continuidad en las políticas.
