Surgida de los acuerdos entre el Estado colombiano y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-EP-, la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, trabajó durante casi cuatro años en el cumplimiento de sus objetivos.
A partir de la escucha de más de 30.000 víctimas de las distintas regiones y sectores del país, del estudio de más de 1000 informes entregados por grupos y organizaciones, y del análisis a profundidad de los testimonios y la rica información disponible, la Comisión presenta en diez volúmenes y una “convocatoria por la paz grande” los resultados de su trabajo. Seis de los volúmenes tienen un carácter más general: el de hallazgos y recomendaciones, el relato histórico, el testimonial, el de violaciones de los Derechos Humanos -DDHH- e infracciones al Derecho Internacional Humanitario -DIH-, el territorial y el de impactos, afrontamientos y resistencias. Los otros cuatro abordan temas más específicos: el étnico, el de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el de mujeres y población LGBTIQ+ y el del exilio.
El trabajo incluyó, además, múltiples diálogos nacionales, actos conmovedores de reconocimiento de responsabilidades e iniciativas de convivencia.
Cinco preguntas principales orientaron el trabajo. ¿Qué pasó a lo largo de esta confrontación armada de más de seis décadas? ¿Por qué pasó? ¿Qué responsabilidades hubo? ¿Cuáles han sido los impactos de esta guerra y cómo las víctimas han podido enfrentar sus consecuencias, rehacer sus vidas, resistir y aportar a la búsqueda de la paz? Y, finalmente, ¿Cuáles son las principales recomendaciones para tratar de superar definitivamente la guerra y construir una sociedad en paz?
La Comisión encontró que la confrontación armada ha producido una grave violación de los DDDHH, en especial el derecho a la vida y a la integridad personal, e infracciones casi constantes al DIH y a la Misión Médica. Reconociendo que es imposible establecer el número exacto de muertes por la confrontación armada, la Comisión encuentra que alrededor de 450.000 el total de víctimas fatales durante el período de 1985 y 2018 con el agravante de que aproximadamente el 80% de ellos son civiles no combatientes, la mayoría hombres jóvenes y adultos. Los mayores responsables de estas muertes son los grupos paramilitares (45%), seguidos por las guerrillas (27%) y por los agentes
estatales (12%).
Los departamentos más afectados por los homicidios fueron Antioquia, el Valle del Cauca, Norte de Santander y el Cauca. Dos modalidades de homicidio merecieron especial atención: las masacres (4.237 entre 1958 y 2021 según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la mitad de ellas cometidas por grupos paramilitares), y las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, cometidas en su totalidad por agentes del Estado, con frecuencia en alianza con organizaciones paramilitares y estimadas por la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP- en 6.402 para el período 2002-2008, pero que para la totalidad del período 1958-2016 se estiman en 8.208. La desaparición forzada fue otra de las más graves infracciones al DIH. Más de 110.000 personas padecieron esta forma de crueldad, siendo también los principales responsables los paramilitares (52%), las FARC-EP (24%) y los agentes estatales (8%). Miles de mujeres, familiares y organizaciones de víctimas continúan en la difícil tarea de su búsqueda.
Las Comisión les rindió un homenaje en la ciudad de Pasto en 2019. El secuestro constituye otra de las mayores violaciones a los DDHH e infracción al DIH. Al menos 50.000 personas lo padecieron, muchas veces en condiciones infrahumanas, por largos períodos y con consecuencias demoledoras sobre la salud física y mental de las víctimas y sus familias – en su mayoría grandes, medianos y pequeños empresarios, comerciantes y ganaderos -, siendo los principales responsables las FARC-EP (40%), los grupos paramilitares (24%) y el ELN (19%). Pero la forma más frecuente de violencia ha sido el desplazamiento forzado: al menos 8 millones de personas tuvieron que dejar sus tierras, su entorno y su cultura a partir de 1985, registrándose en 2002 el mayor pico, con un promedio diario de 2.000 desplazados.
Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Bolívar y Magdalena, Llamó la atención de la Comisión que en casi el 70% de los casos de desplazamiento no se registró el actor responsable. El reclutamiento de niños, niños-niñas adolescentes y jóvenes para la guerra, superó los 30.000, fue producido por las FARC-EP en un 75%, por grupos paramilitares en un 13% y por el ELN en un 9%.
Mediante la violencia sexual el cuerpo de las mujeres fue convertido en botín de guerra. Esta modalidad de violencia afectó particularmente a mujeres afro e indígenas, pero también a hombres y población LGBTIQ+. Incluyendo las anteriores, en el volumen de violaciones de los DDHH e infracciones al DIH, la Comisión describe y analiza un total de 17 modalidades, evidenciando que se trata de una guerra deshumanizada y degradada en la que las principales víctimas hacían parte de la población civil, en la que los campesinos y las campesinas fueron especialmente afectados, y en la que los pueblos étnicos: indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros sufrieron daños desproporcionados.
Los impactos de todo lo anterior se han hecho sentir en graves afectaciones a la vida, la salud tanto física como mental – hay más de 400.000 personas discapacitadas registradas-, la vida cotidiana, la tranquilidad, la confianza y la dignidad humana. Son muchas las heridas y es indescriptible el sufrimiento humano producido por tantos años de guerras. Las afectaciones se han hecho sentir, además, en la democracia al estigmatizar y perseguir a las organizaciones sociales, populares y a los partidos políticos, al asesinar a los líderes sociales, al alterar los procesos electorales y dar primacía a las armas sobre la política.
La naturaleza, por su parte, ha sido no sólo escenario de la guerra sino también otra de sus víctimas, con efectos devastadores y ruptura de las relaciones de los seres humanos con ella. Y la cultura, traducida en las formas de vivir y relacionarse, de comprender el mundo y de aplicar los valores, ha sido profundamente alterada por la guerra. Pero las personas y la sociedad no se han dejado doblegar por la guerra. Por el contrario, han dado muestras de valor, desarrollado creativamente múltiples formas de solidaridad, resurgimiento y organización, han vuelto a encaminar sus vidas y han intentado de muchas maneras enfrentar la guerra y avanzar en la búsqueda de la paz.
En su intento por comprender los porqué de esta larga confrontación armada, la Comisión pudo establecer que no se trató de una lucha entre dos ejércitos, uno regular y otro irregular, ni de una pelea entre buenos y malos, sino de un complejo enfrentamiento de actores tanto civiles como armados por intereses económicos – en especial la posesión y utilización de la tierra y el territorio -, políticos – en particular el control del Estado y sus recursos y el dominio ideológico sobre la población – , y militares. Este complejo y cambiante entramado se ha presentado y desarrollado con algunos elementos comunes, pero con características e intensidades particulares en las distintas regiones del país y en las distintas etapas del conflicto.
El señalamiento del diferente político como adversario al que inclusive se puede eliminar. La emergencia y persistencia del narcotráfico, su penetración en los distintos actores de la confrontación armada y en todos los campos de la vida económica, política, social y cultural, y su enfrentamiento desde una concepción guerrerista y prohibicionista.
Las profundas e inocultables relaciones del proyecto paramilitar con instituciones y agentes del Estado. Los altos y crecientes niveles de impunidad y sus consecuencias en la deslegitimación del Estado y la pérdida de confianza de la sociedad en las instituciones. La ausencia del Estado en algunos momentos y regiones o su presencia desbalanceada, generalmente de predominio militar.
La perversa mezcla entre legalidad e ilegalidad en varias esferas de la vida social. La apropiación particular de los recursos púbicos. Los altos niveles de corrupción. La aplicación de una seguridad basada en la protección de intereses particulares nacionales y trasnacionales y no en la igual dignidad humana y en la garantía de derechos para toda la población. Y la persistencia de inequidades, exclusiones y discriminaciones de larga duración por motivos étnicos, de género y regiones, constituyen algunos de los hilos de este complejo entramado que originó y ha hecho persistente el conflicto armado.
Coherente con lo anterior, la Comisión hace en los diferentes volúmenes, y en especial en el de hallazgos y recomendaciones una serie de propuestas orientadas a resolver de fondo las condiciones que han posibilitado la confrontación y su persistencia, y a sentar las bases para una sociedad equitativa, garante de las necesidades básicas, de dar vigencia a los derechos fundamentales, y de resolver sin violencia las diferencias y tensiones inevitables. Aceptar la realidad y gravedad de lo sucedido y asumir las respectivas responsabilidades por parte de los actores armados, el Estado, los civiles y las distintas instituciones. Reconocer que definitivamente la guerra no es el camino. Sacar las armas de la política. Anteponer la vida y su dignidad y calidad a cualquier otro proyecto e interés. Resolver de fondo el problema del narcotráfico, cambiando el enfoque y las estrategias de su enfrentamiento.
Reconocer que en Colombia la paz es territorial o no es posible y, por tanto, garantizar la participación de las regiones, replantear las relaciones campo.-ciudad y dignificar al campesinado. Combatir con decisión la impunidad y la corrupción. Cambiar la concepción y la estructura de la seguridad, pasando a una seguridad humana, eliminando la práctica del enemigo interno, poniendo las Fuerzas Armadas al servicio de la paz y la Policía al servicio de la convivencia y los ciudadanos/as.
Fortalecer la democracia dando vigencia a la constitución de 1991 y poniendo efectivamente en marchas el Acuerdo Final de Paz, negociando con el ELN y sometiendo a los grupos criminales organizados, son algunas de las recomendaciones más importantes, cuya implementación sólo será posible con un sólido compromiso de la sociedad y del Estado, en especial de los próximos gobiernos.
Además de este informe, el legado de la Comisión se compone de un amplio archivo testimonial y documental, de múltiples bases de datos así como de las metodologías y productos audiovisuales y artísticos, que resultaron del amplio proceso de diálogo social promovido durante el mandato de la Comisión. Todo este material queda a disposición de Colombia y del mundo para fines comunicativos, pedagógicos y de apropiación social para la implementación de las recomendaciones para la no repetición. Hay futuro si hay verdad.
