Violencia sobre los ojos -una marca que puede generar discapacidad

Por: John Alexander Díaz Ortegón

*Licenciado en educación, magister en educación, escritor, columnista y activista de derechos humanos.

@Johndaz988

Es preocupante la cifra de personas que quedaron con algún tipo de lesión física en el marco de Las manifestaciones, que algunas a largo plazo pueden generar discapacidad u ocasionar una lesión permanente y acaso ¿quién responde por estos hechos?   

Según la ONG Temblores, al completarse casi una semana de manifestaciones, ha habido cerca de novecientos actos de violencia por la represión de la fuerza pública en confrontación con los manifestantes. Lo preocupante de estas cifras, es que alrededor de trece personas han recibido disparos a la altura del rostro, ocasionándoles daños oculares e incluso pérdida de la vista: al quedar con vista parcial o pérdida total, quedarían con discapacidad visual; por el momento se sabe que algunos perdieron uno de sus ojos por daños irreparables que a la mirada de todos, genera una marca: ¿será esto lo que se busca con este tipo de acciones?

Ni decir de los muertos que ahora suman alrededor de veinticuatro, cifras que dan las agencias de derechos humanos como Defender Libertad @DefenderLiberta, Comité de Solidaridad @CSPP_, @RedDHFIC, ONU derechos humanos Colombia @ONUHumanRights, en contraste con las cifras oficiales del gobierno, las cuales reportan un número menor indicadas por estas organizaciones que desde sus páginas y Twitter reportan cada hecho y piden que se pare el derrame de sangre que está viviendo el país. Cada día estas ONG están haciendo reportes desde el mismo lugar de los hechos, para ser documentados y puestos a disposición de las autoridades y los organismos de DDH.

Son varios los videos que se pueden encontrar por Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram en las que se ven como de un bolillazo le parten la cabeza a una persona, le disparan directamente al cuerpo (siendo la cara el blanco principal) les golpean a patadas y puños y en medidas más extremas usan su arma de dotación como arma letal en el uso desproporcionado de la fuerza. -Tal fue el caso del adolescente que le dio una patada a una motocicleta de la policía y recibió un disparo que acabó con su vida, o la muerte ocasionada a Nicolás Guerrero en Cali o de Santiago en Ibagué. Asesinatos que siguen repitiendo la de Dilan Cruz, muerto en movilizaciones de 2019 por un hecho policial que permanece en investigación.

Sin embargo, la práctica de apuntar directamente sobre el cuerpo debe ser investigada por varias razones: genera lesiones que ocasionan pérdida de los ojos o algún tipo de daño sobre el rostro que deja una marca visible, para luego quizá poder ser identificado. Esta práctica de dejar lesiones sobre los ojos no es nueva, sino que ya la policía de Chile, en las manifestaciones de 2019 y bajo el gobierno de Piñera, dejó a más de 400 personas con lesiones oculares por los disparos de la policía con sus balas de goma. Fue tal la violencia policial en este tipo de prácticas, que se han iniciado investigaciones ya que no existen (hasta ese momento) registros de antecedentes que puedan indicar una ruta a la que se le pueda abrir investigación por violación a los derechos humanos. ¿Es acaso una práctica sistemática que tienen una intención todavía no revelada?

Según los expertos, en Chile hay más lesiones en los ojos por balas de goma que en tres décadas de conflicto israelí y palestinos. El gobierno chileno de Piñera nunca ofreció declaraciones rechazando esos hechos ocasionados por sus carabineros e incluso, se han presentado recursos de amparo por parte de algunos congresistas ante la justicia contra el ministro del interior de ese momento, Gonzalo Blumel, quien declaraciones no responde con claridad sobre este tema que ya viene siendo investigado por las organizaciones de derechos humanos por ser una práctica que se está volviendo una “epidemia de lesiones oculares”.

Así como la periodista indonesia Verby Mega Inda, la cual perdió uno de sus ojos mientras cubría las manifestaciones en Hong Kong al recibir un disparo con un perdigón, en las manifestaciones de los últimos días en Colombia, la estudiante Leidy Marcela Cadena recibió un disparo en su rostro por parte de un policía del ESMAD perdiendo uno de sus ojos como lo manifestó en su cuenta de Twitter. El de Juan Pablo Fonseca, quien recibió el impacto de un gas lacrimógeno lanzado directamente sobre su rostro, generándole la pérdida de la vista. Este también es el caso de más de 10 jóvenes en el marco de las manifestaciones de 2019, a comienzos de 2020 y en las manifestaciones de 2021, hasta el día de hoy se reportan más de 13 casos que deben de ser investigados.

Por su parte, por los excesos de violencia en manifestaciones de 2019 en Chile, Sebastián Piñera ha sido acusado ante instancias internacionales por organizaciones de derechos humanos y es posible que deba responder por estos hechos. De la misma manera, es necesario que en Colombia se haga una revisión sobre estas prácticas violentas que vienen dejando a personas con pérdida de uno de sus ojos en los casos menos extremos, o pérdida de la vista que puede llevar a la ceguera total.

Algunas personas dicen deliberadamente que las fuerzas oficiales deben defenderse de quienes protagonizan lo que ellos llaman “actos vandálicos”, pero lo que este tipo de comentarios sueltos desconocen, son los derechos humanos, la normatividad que se ha venido adelantando sobre el tema, las investigaciones que pueden traer consecuencias sobre la violación de los derechos humanos por el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza. No se trata de no mantener la calma del espacio público, pero respetando la vida, la libertad, la integridad de las personas y los DDH, pues como institución es su deber primario.

Es importante también que se haga un seguimiento al uso de estas armas no letales que pueden ser la causa de una discapacidad y que hace parte del uso indebido y desproporcionado de la fuerza. Así mismo, que se hagan campañas de sensibilización a la fuerza pública sobre las discapacidades y las causas que se generan por actos indebidos que recaen en la violación de derechos humanos. Por último, la revisión de la permanencia de esta fuerza en el desarrollo mismo de la democracia y en un estado social de derecho, y que por parte de los organismos de derechos humanos se haga el seguimiento correspondiente, se investigue, se publiquen las cifras y se denuncie a quien tenga que denunciarse. La discapacidad no puede volverse un arma de guerra, en la que como en tiempos más primitivos, se deja a la persona con una discapacidad para generarle una marca, la cual pueda ser usada en otro momento como revancha o dispositivo de seguimiento. 

La inclusión social por su parte no solamente debe ser un proceso curativo que trabaja por reducir las barreras que comprometen a una persona, sino que debe generar acciones de prevención y sensibilización para que se comprenda los condicionamientos de una discapacidad, ya no solamente desde los diagnósticos médicos, sino sociales, culturales, económicos y de derechos en general. Colombia no es el mejor ejemplo de inclusión, ni de mejoramiento de las condiciones de vida para la mayoría de sus habitantes, mitigar los riesgos que conducen a una discapacidad es más considerable en el hecho mismo de prevenir que remediar.  

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