La Contraloría Departamental de Casanare ofició a las Veedurías conformadas en el departamento, sobre el apoyo a los objetivos de calidad trazados en el Plan Estratégico “Control Fiscal Oportuno y Participativo 2020-2021“, que está direccionado hacia el fortalecimiento del control social a la gestión fiscal y a la promoción de la participación ciudadana.
De acuerdo con lo señalado por la Contralora departamental Yanneth Holguín Suárez, la estrategia «La Contraloría en su Municipio«, se encuentra prevista a través de reuniones especiales en los Municipios del Departamento, teniendo como invitados principales a los Veedores Ciudadanos de cada entidad territorial, a fin de interactuar con nuestro apoyo legal, sus inquietudes, expectativas, o propuestas para hacer del control social una herramienta eficaz de vigilancia y control a la gestión fiscal en el Departamento.
El inicio de la estrategia se ha visto afectada por las medidas de aislamiento preventivo decretadas para mitigar el riesgo de contagio de la COVID-19.
Para garantizar la labor veedora, como un derecho a conocer toda la información que integre un proyecto que se ejecuta, desde la etapa de planeación, hasta la finalización y liquidación, los supervisores, interventores, contratistas y entidades contratantes, están en la obligación de brindarles toda la información que los veedores requieran, determinando de manera taxativa, que sus solicitudes son de obligatoria respuesta.
En caso de no garantizarse toda la información, los veedores pueden acudir a la “Red Institucional de Apoyo a Veedurías Ciudadanas”, conformada por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, teniendo como principal objetivo, buscar apoyo legal y promocionar la vigilancia a la inversión de los recursos públicos.
Ratificó la Contralora Holguín Suárez, que, los veedores no sólo deben tener en cuenta al contratista e interventor, también pueden solicitar la información que requieran a los Departamentos de Planeación de la Alcaldía o Gobernación, que figure como contratante o aportante de los recursos públicos con los que se ejecuta el proyecto.
Si durante la ejecución del proyecto se evidencian actuaciones de incumplimiento con las especificaciones técnicas pactadas, o cualquier otro aspecto establecido en el estudio previo, pliego de condiciones, o contrato, o que la omisión en la información de los funcionarios públicos o contratistas obstaculice su labor, la veeduría tiene la competencia de denunciar directamente a la Procuraduría Regional Casanare, como instancia competente o a la Contraloría Departamental.
Si una vez terminadas las obras, y liquidado el contrato, la Veeduría evidencia algún asomo de daño al patrimonio, materializado en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, deben informarlo de inmediato, a la Contraloría Departamental.
La estrategia cuenta con plataformas WEB con direcciones de fácil acceso, a las que pueden ingresar para visualizar todos los documentos contractuales que la entidad contratante haya publicado con relación al contrato del cual ejercen veeduría como:
- https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
- http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/inicio.aspx https://www.contraloriacasanare.gov.co/
En esta última página ustedes podrán observar un banner que haciendo clic en el espacio “Denuncia Haciendo Clic Aquí” que los llevará de manera directa a espacios de fácil diligenciamiento, en donde podrán exponer los hechos objeto de inconformidad, lo cual podrán realizar aportando sus datos de identificación, o de manera anónima.
Así mismo, podrán consultar los diferentes link que muestran la gestión de este Ente de Control.
- Correo institucional: contacto@contraloriacasanare.gov.co
- Líneas telefónicas: 635 47 00, o, línea nacional 018000 910770
- Facebook : Contraloría Departamental de Casanare
Yanneth Holguín Suárez, finalmente exhortó a los ciudadanos para que continúen ejerciendo su Derecho como Veeduría Ciudadana, y a que se constituyan en agentes multiplicadores de la vigilancia de la gestión fiscal de las entidades que tienen bajo su responsabilidad el manejo de los recursos públicos.
