Por: John Alexander Díaz
*Licenciado en educación, magister en educación, creativo literario, columnista y defensor de derechos humanos.
Son múltiples los esfuerzos que han realizado las personas con discapacidad visual en la búsqueda del derecho a leer, así como las apuestas institucionales para que en Colombia sea posible acceder a la lectura sin que haya ninguna restricción a lo que para otras poblaciones al parecer ya no es un inconveniente.
Esta población, ha encontrado en los libros digitales una opción para leer por medio de los lectores de pantalla, así como los audiolibros que tienen algunas bibliotecas públicas del país, los libros en formato Tinta-Braille, o los E-book encontrados en la internet. Son distintos los formatos que hoy pueden ser utilizados por la población, los cuales ya pueden ser encontrados en repositorios, bibliotecas digitales, aplicaciones e-book, en redes sociales por citar algunas opciones. Sin embargo, estas acciones son avances particulares de las entidades por promover la lectura que como cumplimiento estatal.
Las personas con discapacidad visual pueden acceder a la lectura de manera independiente por medio de voces sintetizadas (un tipo de software que por medio de voz transmite a la persona ciega lo que aparece en la pantalla del ordenador o del móvil) por medio del sistema Braille, de audiolibros, de E-book, de libros leídos en voz alta, pero claro está, que para esto primero requieren aprender el uso de las tecnologías.
Por su parte, la ley 1680 de 2013 “para el acceso a la información y las comunicaciones de las personas con discapacidad”, ha permitido que algunas bibliotecas puedan poner a disposición miles de títulos con la única condición de estar inscritos en sus plataformas. –Véase artículo 12 de la ley 1618 de 2013-.
Sin embargo, aunque las opciones son múltiples y el país haya adelantado en legislación para el acceso a la lectura, es importante saber, que a nivel internacional, existe el tratado de Marraquech, contrato internacional que exige a los estados parte permitir la reproducción, la distribución y la puesta a disposición de obras publicadas en formatos accesibles para las personas con discapacidad visual para acceder a los textos, y permitir el intercambio transfronterizo de esas obras por las organizaciones que están al servicio de los beneficiarios.
Este tratado fue adoptado el 27 de junio de 2013 en Marrakech, y entró en vigor el treinta de septiembre de 2016, luego de cumplirse la exigencia de que mínimo veinte estados debían ratificar este instrumento, y en este mismo año se dio cumplimiento con la vigésima adhesión que realizó Canadá. Sin embargo, aunque esta instancia internacional ya existe y le permitiría a esta población entrar al mundo mágico de las letras, Colombia todavía no ha sido parte de esta grandiosa apuesta. la población, sin embargo, que ha encontrado de manera autónoma distintas maneras para poder leer, no ha recibido el apoyo suficiente del estado colombiano en este propósito.
En las escuelas del país en donde estudian personas con discapacidad, se les enseña el sistema braille para que puedan leer, sin embargo, no se encuentran muchas obras publicadas en este formato, las instituciones encargadas reproducen las mismas obras ya pasadas de moda y releídas por la población, y los docentes de apoyo no encuentran en el braille un único formato pertinente para que el estudiante con estas condiciones pueda reducir esta barrera de acceso. Para esto, los estudiantes deben poder aprender el Braille, el uso de las tecnologías asistivas, deben recibir la capacitación para aprender a buscar en internet su obra favorita y claro está, promover desde donde corresponde el gusto por la lectura.
De esta manera, es importante entonces, que el país siga avanzando en la garantía de derechos de la población con discapacidad desde lo normativo, adjuntándose a los protocolos internacionales, que los distintos entes territoriales promuevan políticas contribuyendo a disminuir esta brecha cultural y que por su parte, esta población haga el respectivo seguimiento desde las instancias de participación exigiendo su derecho, para que miles de estudiantes y lectores sigan produciendo desarrollo cultural y económico para el país, pues la lectura genera cultura y el desarrollo de la cultura mueve la economía.
