Como resultado de las auditorías de la Contraloría Departamental a más de 100 contratos de la Gobernación y las alcaldías bajo la modalidad de urgencia manifiesta y calamidad pública, por la pandemia de Covid-19, se evidenció en general falta de una mínima planeación, siendo el principal problema el de sobrecostos, pues en muchos casos no se hacen ni siquiera análisis de mercados.
En ese sentido se tuvieron 31 hallazgos disciplinarios, 118 administrativos, 13 fiscales que suman más 249 millones, 4 penales y 4 sancionatorios. De los fiscales en 10 entidades se encontraron sobre costos, entre ellos el mayor en el Hospital Regional de la Orinoquia-HORO, por alrededor de 90 millones de pesos; pero hubo otros de entre 40 y 15 millones.
Además a la Contraloría le preocupa la contratación con la falta de idoneidad, que encontraron en tres entidades, por la inmediatez con que se hicieron los procesos.
Por otro lado, se resaltan casos como el de Hato Corozal, donde se recibió una denuncia por presunta falsedad en documento público, que se remitió a la Fiscalía Seccional y en Recetor se presentó una presunta violación de régimen de inhabilidades para contratar, la cual fue enviada a la Procuraduría. Mientras tanto, en Sácama no se hicieron contratos por esta modalidad.
