El sábado 15 de agosto, a las 11 de la noche, fueron asesinados ocho jóvenes en Samaniego, Nariño, todos estudiantes universitarios.
Oscar Andrés Obando Betancourt, de 27 años; Laura Melo Riscos, de 19 años; Sebastián Quintero Cortés, de 24 años; Byron Patiño, Daniel Vargas Juradó de 22 años; Ruben Ibarra Andrade y Campo Elías Benavidez Erazo, departían junto a otras personas en una casa campestre cuando unos encapuchados entraron disparando.
Apenas hace unos días habían sido asesinados cinco jóvenes que volaban cometas en Cali y otros dos adolescentes (Cristian Caicedo y Maicol Ibarra, de 12 y 17 años), corrieron la misma suerte, también en Nariño, en el municipio de Leiva, cuando iban al colegio a llevar sus tareas.
Las masacres han generado zozobra en estos territorios y rechazo en gran parte del país, que aún no se explica el por qué se estos crímenes, que ahora no sólo arremeten contra los líderes sociales, sino contra niños y jóvenes.
En uno de los casos se atribuyen a las autodefensas gaitanistas y los otros se presumen en general grupos al margen de la ley, sin que se sepa ahora los motivos. Dirigentes políticos han pedido al presidente Iván Duque que lidere la investigación y la ONU ha expedido un comunicado en rechazo a estos hechos y pidiendo acciones del Gobierno.
«Hay una hipótesis que circula mucho en Cali y es que a Cristian (Adrián Ángulo, gestor cultural) lo mató la Policía y luego, para que no hablaran los cinco jóvenes que presenciaron el asesinato, matan a estos cinco jóvenes», expresó a la agencia EFE el director de la Fundación Paz y Reconciliación – PARES, León Valencia Agudelo.
Pronunciamiento de la ONU
La ONU en Colombia expresó su enérgica condena por la masacre de 8 jóvenes en el municipio de Samaniego, Nariño el día 16 de agosto, así como por los demás hechos violentos que han ocurrido en las últimas semanas en diferentes regiones, afectando la seguridad de las comunidades. Asimismo, manifiesta su honda preocupación por la continuidad de homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y de ex combatientes de FARC-EP en 2020.
En lo que va del año, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado 33 masacres y viene dando seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, a la fecha ha verificado 45 homicidios.
A su vez, la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha verificado 41 asesinatos de personas en proceso de reincorporación en el primer semestre de 2020, registrando un aumento del 10% de los asesinatos contra estas personas comparado con el primer semestre de 2019. Un total de 215 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.
Estos hechos violentos, con serios impactos humanitarios, están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y otras organizaciones generadoras de violencia, de economías ilegales, pobreza y caracterizado por una limitada presencia del Estado. Por lo tanto, es crucial avanzar y profundizar la implementación integral del Acuerdo de Paz especialmente su capítulo 3.4 sobre garantías de seguridad que ofrece mecanismos e instrumentos de prevención, protección y seguridad.
A su vez es importante y urgente que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad avance en el diseño e implementación de la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como parte de los esfuerzos por consolidar el despliegue y la acción integral del Estado, especialmente en las zonas más vulnerables y afectadas por el conflicto.
Debido a estos hechos preocupantes, la ONU hace un llamado a las autoridades competentes a fortalecer las medidas adoptadas y realizar todas las acciones necesarias para eliminar esta violencia y a no escatimar esfuerzos en investigaciones y judicializaciones de quienes atentan contra las garantías de seguridad de las comunidades.
Las Naciones Unidas en Colombia expresan su solidaridad con los familiares de las víctimas de los hechos.
