Bastante se ha venido hablando del proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio y lo que se vive hoy, es la crónica de una muerte anunciada. Es así porque en 3 oportunidades se presentaron informes de incumplimiento para que se llamara a rendir cuentas al constructor Iader Barrios con el fin de activar las pólizas y en ese momento, habría podido evitarse el desgaste que se registra en la actualidad.
En el último informeque la interventoría radicó a la Gobernación de Casanare, al Idury y al Tribunal Administrativo de Casanare en septiembre de 2016, se les dice a las entidades territoriales que se recomienda “llamar a audiencia para la imposición de sanciones y multas e imposición de la garantía por posible incumplimiento del convenio de construcción de 400 apartamentos al constructor Iader Barrios”.
«Pese a que este informe de presunto incumplimiento fue conocido por la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, no se llamó a audiencia a Iader barrios»
Lo cierto es que a esa altura (2.016), se hubiera podido lograr que la aseguradora respondiera por lo que evidentemente no cumpliría Iader barrios, de acuerdo con un informe que la interventoría presentó en su momento.
Para ese entonces el avance del proyecto era del 81 por ciento, quedando por ejecutar tan solo un 19 por ciento del proyecto.
Una consecuencia de no haber llamado a audiencia a Iader Barrios es que las pólizas estaban prontas a vencerse y al poco tiempo en el 2016, todas las cuentas y contratos de este constructor fueron intervenidas por el Instituto de Vivienda de Paipa y luego nada se pudo hacer.
«Dejaron vencer las pólizas».
Hoy en día, el proyecto pareciera que no tiene más camino que la vía judicial, porque la Oficina de Vivienda del departamento dejó pasar el tiempo para hacer efectivas las pólizas.
(Puede leer: En Boyacá, Contraloría abre proceso a constructor del proyecto Torres del Silencio).
Ahora el contratista Iader Barrios está pagando una condena de casa por cárcel; el proyecto quedó suspendido y sin pólizas; y existe un detrimento que podría acercarse a los 10.000 millones de pesos.
La tarea no es fácil, eso lo sabe el gobernador Alirio Barrera quien ha dicho públicamente que hará todo lo que esté a su alcance para dar solución a cientos de familias que esperan cumplir el sueño de su vida, tener su apartamento propio.
Ahora el balón está en la cancha de estos dos mandatarios, que han mostrado voluntad de querer buscar una solución que deberá resolverse jurídicamente dados los antecedentes.