Puma asesinado.
Tomado de Revista Semana – Jorge Duke Suárez
La escena es macabra. Sobre la estructura de un puente en la vía despavimentada en zona rural del municipio de Trinidad, miembros del programa ambiental Riqueza Natural hallaron el cuerpo sin vida de una pantera hembra, asesinada a tiros por desconocidos.
Los hechos se registraron en la carretera que conduce a Bocas del Pauto, sector que por estos días es sede de la caravana turística más representativa del Llano casanareño, y que reúne a turistas de todo el país en una especie de rally.
La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – Corporinoquia- investiga los hechos que rodearon este crimen que se suma a otros en los últimos años. De hecho, en mayo de 2017 otro puma, una especie en vías de extinción fue baleado, y horas después murió en medio de una intervención quirúrgica.
Según las redes sociales oficiales de la Fundación Cunaguaro, encargada de la preservación de especies en peligro de extinción, se han recibido dos reportes más de comunidades en las últimas horas, donde se alerta sobre la cacería de pumas.
Los sectores donde puede haber mayor peligro para estas especies en Casanare, según los defensores ambientales, están en la vereda Los Chochos de Trinidad y Quebradaseca de Yopal. Según la denuncia de Cunaguaro “en ambos hay una brigada nocturna para dar cacerías a pumas que están depredando animales domésticos”.
Si bien el conflicto entre el león de montaña o puma con las comunidades que defienden su ganado y sus animales domésticos está pasando a otro plano, Corporinoquia ha enviado en reiteradas ocasiones la advertencia sobre esta conducta criminal.
Según un comunicado de la Corporación, “atentar contra las especies de fauna es un delito –y además- rechaza todo acto y acción que atente contra la vida, protección y conservación de las especies de fauna y flora de la región”.
La Corporación recordó que “toda conducta que atente contra la flora y fauna silvestre, e infrinja el Código Penal en lo referente a los delitos contra los recursos naturales, está tipificado con penas de 4 a 9 años de cárcel y hasta 35.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
La Corporación ha sido criticada por defensores de la fauna regional ante la falta de contundencia en las investigaciones por estos crímenes contra las especies y ante la falta de eficacia en las campañas en defensa de los animales que necesitan protección especial.
