Tomado
de: www.lapatria.com
La
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a 15 años, 1 mes
y 15 días de prisión, proferida en
contra del ex rector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández
Gamarra, por irregularidades a la hora de ejecutar contratos firmados con la
Gobernación de Casanare, para la adecuación de obras como los acueductos de
varios municipios y el alcantarillado de aguas lluvias de Yopal.
La
Corte analizó una demanda de casación interpuesta por la defensa del ex rector,
pero desestimó sus argumentos y dejó en firme la condena emitida el 25 de marzo
de 2011, por el Tribunal Superior del Distrito de Yopal, por los delitos de
peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de
requisitos legales.
Inicialmente
un Juzgado de la capital casanareña había absuelto al ex rector por los mismos
cargos, pero la decisión fue apelada por un fiscal de la Unidad Nacional
Especializada en Delitos contra la Administración Pública.
Los
hechos se remontan a noviembre de 2002 cuando el entonces Gobernador de
Casanare, William Hernán Pérez, y Hernández Gamarra, suscribieron un contrato interadministrativo
en el cual la Universidad se comprometía a ejecutar las labores de
interventoría técnica, administrativa y financiera en 52 proyectos del Plan de
Desarrollo del Departamento.
Obras
de todo tipo
Se
trataba de proyectos para la “construcción de alcantarillado de aguas lluvias
en los municipios de Yopal y Monterrey; construcción de los acueductos del Municipio
de Paz de Ariporo y Maní; construcción del alcantarillado sanitario del
municipio de Sabanalarga; construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales del municipio de Villanueva en el Departamento de Casanare y la
construcción de la primera etapa, plan centro del municipio de Yopal”.
El
valor del contrato, señaló la Corte, se fijó inicialmente en $2.635 millones,
pero por adiciones terminó en más de $6.300 millones.
Además,
en diciembre de ese año, se firmó otro contrato por 23 mil millones de pesos,
que terminó siendo de $ 121 mil millones, en el que la Universidad se
comprometía a hacer el manejo de recursos y la ejecución de obras públicas de
distinta índole como infraestructura vial, infraestructura hospitalaria (nuevo
Hospital de Yopal), acueductos y alcantarillados, instalación de redes
eléctricas, suministro de materiales, entre otros.
La
Corte Suprema de Justicia, de hecho, señaló que como la Universidad no contaba
con la capacidad administrativa, económica, técnica ni logística para el
cumplimiento del objeto de estos contratos, el rector suscribió el 7 de abril
de 2003 un contrato “de consultaría” con la Sociedad de Servicios de Ingeniería
Limitada (SDI), por valor de mil millones de pesos para hacerlo.
Igualmente,
la Corte indicó que no podía dejar de precisar “que la contratación directa
realizada por la Universidad de Cartagena, para la administración y ejecución
de los convenios marco celebrados con la Gobernación del Departamento de
Casanare, resultaba abiertamente ilegal, como quiera que las actividades a
cumplir, no tenían ninguna relación directa ni próxima con su objeto
institucional”
Hernández
Gamarra deberá pagar como multa al departamento de Casanare, un total de 834
millones de pesos por los perjuicios causados con su actuación.
